La historia que se desarrolla en Vibal Group, Inc. —la editorial educativa más grande y antigua de Filipinas— no se trata solo de rivalidad familiar o disputas corporativas. Es una ilustración de cómo quienes se esfuerzan por la honestidad y la responsabilidad corporativas pueden ser culpados y despedidos por actuar con integridad.

Vibal Publishing House fue cofundada en 1953 por el matrimonio formado por Hilarion y su esposa Editha Vibal. Durante más de siete décadas, la empresa ha sido un pilar de la educación filipina, sirviendo a las escuelas privadas y públicas de Filipinas con los libros de texto, cuadernos de trabajo y materiales complementarios que publican. 

Cuando Hilarion Vibal murió en 1971, fue su esposa quien continuó el trabajo, transformando Vibal Group en la mayor editorial de libros de texto del país. Sin embargo, la matriarca de la familia murió en 2020 sin dejar ningún plan significativo para guiar al equipo directivo de la empresa. Ese vacío generó una amarga batalla por el control entre sus seis hijos, centrada especialmente en tres hermanas que poseían la mayoría de las acciones del grupo de empresas, valuado en miles de millones de pesos.

Entra entonces Maria Kristine Mandigma, la primera CEO de Vibal proveniente de fuera de la familia. Su revisión forense de las cuentas de la empresa reveló señales preocupantes de transacciones cuestionables con proveedores, flujos de pago que no coincidían con las entregas conocidas y brechas de control que impedían la verificación. No eran simples errores contables menores. Señalaban riesgos que, de no mitigarse, podrían comprometer la integridad de las finanzas de la organización.

Mandigma reportó el fraude a la junta directiva y recomendó que sus hallazgos fueran divulgados a los reguladores, una buena práctica de gobierno corporativo basada en las leyes. Sin embargo, Mandigma fue despedida en septiembre de 2025, y aquellos cuyos nombres habían quedado vinculados a la auditoría conservaron sus cargos. Todo esto ocurrió después de que la familia marginara al legítimo presidente de la empresa, Gaspar Vibal, hijo de Hilarion y Esther.

La disputa sale a la luz

Mandigma presentó una queja ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que luego acusó a la empresa de fraude y represalias contra denunciantes. La SEC propuso a la fiscalía presentar cargos de fraude corporativo y estafa sindicalizada basándose en la propia respuesta de los demandados. Otra denuncia penal ante el Departamento de Justicia (DOJ) está pendiente para dotar al caso de la gravedad que merece.

Esos hallazgos implicaron a las tres hermanas:

·  Nila Vibal Mata: se alega que asumió el cargo de presidenta de la empresa y ratificó la destitución de Mandigma. Entre las tres hermanas, se reporta que es la más activa operacionalmente en la estructura de control actual.

·  Aida Vibal Gutierrez: según registros públicos, afirma ser accionista mayoritaria y directora a nivel de junta, aunque con menor visibilidad en las actividades de gestión cotidiana.

·  Stella Vibal Lawson: fue clasificada como accionista mayoritaria y parece estar alineada con el mismo bloque de control, ejerciendo poder principalmente a nivel de propiedad y junta directiva.

Juntas, las tres conforman el grupo de accionistas controladores mencionado en la queja ante la SEC. De manera crucial, esto también representa una distinción de gobierno corporativo: aunque solo una ostenta un título ejecutivo (presidenta), las tres son acusadas de ejercer control efectivo sobre las actividades de la junta directiva, incluido el despido de altos funcionarios y el manejo de los hallazgos de auditoría.

Tribunales laborales

La lucha corporativa interna se extendió también a los tribunales laborales. 

La Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) dictaminó que el despido de Mandigma fue ilegal y ordenó su reincorporación. Sin embargo, cuando los funcionarios del gobierno fueron a ejecutar la orden de la NLRC, guardias armados usaron sus armas para impedir que los trabajadores salieran de las instalaciones de la empresa, generando un enfrentamiento que requirió la intervención policial y arrestos. Solo entonces Mandigma pudo ingresar en paz a su oficina en Vibal.

Los problemas del conglomerado Vibal no son únicos. 

Lo que esto nos indica es un problema sistémico más profundo, prevalente en los negocios filipinos: las leyes creadas para proteger a los denunciantes y hacer responsable a la dirección corporativa pueden existir sobre el papel, pero fracasar en la práctica. Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas privadas familiares, donde a menudo existe resistencia a la transparencia y la responsabilidad mediante el ejercicio del poder. La participación de Vibal Group en la educación pública y la tecnología, a pesar de su carácter privado, significa que sus fallas de gobierno corporativo amenazan el interés público. Esta intersección con el servicio público convierte los problemas internos de la empresa en un asunto de mayor preocupación.

Un actor de peso

Para comprender la importancia de este asunto, primero hay que reconocer la magnitud del riesgo. 

Vibal Group no es un negocio marginal. Según los registros de contratación pública solo durante 2024, conjuntamente con Vibal Foundation, Inc., la empresa obtuvo un total de P342,53 millones en contratos del Departamento de Educación, incluyendo P101,12 millones para materiales de lectura y contratos adicionales por P50,95 millones, P30,53 millones, P42,29 millones, P54,50 millones y P63,13 millones. 

Estas transacciones tuvieron lugar dentro de la estructura de contratación del Departamento de Educación bajo la Vicepresidenta Sara Duterte como secretaria de educación. Vantage Point plantea este punto más como un recordatorio institucional de cuán profundamente está Vibal inmerso en un régimen de contratación pública administrado de forma centralizada.

Estos no son simplemente ingresos, sino compromisos de ejecución. Una empresa que maneja flujos de contratación de P300 millones a P400 millones debe financiar por adelantado la producción, la logística y la entrega a nivel nacional, dejando decenas o cientos de millones de pesos inmovilizados en cuentas por cobrar e inventario. En ese sistema, el auditor no es marginal, sino fundamental: la primera línea de defensa para garantizar que los ingresos correspondan a transacciones reales y que los pagos reflejen la realidad económica. 

Lo que Mandigma señaló —transacciones con proveedores no verificadas y flujos de pago inconsistentes con las entregas— apunta directamente a esa función. Si incluso una fracción de un ciclo de P342,53 millones está comprometida, los efectos se multiplican: el efectivo destinado a las operaciones se agota, los pagos a proveedores se retrasan y la ejecución de contratos queda en riesgo.

Las preocupaciones se consolidan aún más con señales financieras, incluso fragmentadas. Una huella de contratación de P342,53 millones define la escala operativa de la empresa, y una acción de cumplimiento de 2023 contra la empresa por no remitir los impuestos de retención declarados apunta a una presión de liquidez: declaraciones presentadas, obligaciones reconocidas, pagos no realizados.

Incluso pequeñas distorsiones en un sistema que maneja cientos de millones de pesos se acumulan: una fuga del 10% sobre una base de P300 millones a P400 millones se traduce en un desplazamiento de efectivo estimado de P30 millones a P40 millones. Visto desde esa perspectiva, la auditoría no era una disputa interna sino una señal de tensión financiera —y la decisión de destituir a Mandigma la convierte en un fallo de gobierno corporativo, planteando la pregunta más fundamental de si la empresa aún tiene la capacidad de detectar irregularidades.

Los fallos de la SEC y el DOJ en los próximos meses servirán como una prueba crucial de la eficacia real de las reformas corporativas filipinas. Determinarán si los organismos reguladores pueden verdaderamente hacer cumplir las protecciones a los inversores frente a poderosos e influyentes intereses empresariales controlados por familias. Alternativamente, pondrán de relieve si los riesgos personales y profesionales para los denunciantes que exponen dicha corrupción siguen siendo elevados y duraderos.

¿Las auditorías ejecutivas rigurosas dañarán permanentemente la reputación de una empresa? La situación de Vibal Group, con alegaciones de fraude financiero masivo y disputas de liderazgo conflictivas, podría influir en la evolución del gobierno corporativo y la confianza pública en las instituciones que impactan a millones de vidas filipinas.

Mientras la SEC y los tribunales deliberan, todas las miradas deben permanecer sobre el caso Vibal como indicador clave de la responsabilidad corporativa y las prácticas éticas en Filipinas. (Abordaré el caso Vibal nuevamente en mi próximo boletín)

Agradezco sus opiniones sobre estos y otros asuntos donde las decisiones tomadas desde el poder moldean el futuro económico del país.

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– Rappler.com