Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el fiscal general del estado, Kwame Raoul. Según indica la entidad, la presentación se basa en que dos leyes del Estado de la Pradera atentan contra la actividad y seguridad de los agentes federales que actúan bajo órdenes de la administración Trump.

La demanda del DOJ contra JB Pritzker y el fiscal general de Illinois

Según un comunicado de prensa del DOJ con fecha del 22 de diciembre, la demanda contra Pritzker y Raoul se basa en la promulgación de dos leyes, la HB 1312, denominada "Illinois Bivens Act" y la SB2730, llamada "Court Access, Safety, and Participation Act“.

La entidad federal consideró que estas normas son "intentos ilegales de regular y discriminar al gobierno federal mediante nuevas causas de acción". Además, argumentó que “amenazan la seguridad de los agentes federales”, quienes se enfrentan a una “ola sin precedentes de acoso, divulgación de información confidencial e incluso violencia”.

El DOJ considera que las nuevas leyes son inconstitucionales y espera que su aplicación termine anulada en la vía judicial.

“Los políticos de Illinois prefieren atacar a las fuerzas del orden con demandas y daños punitivos en lugar de apoyar al ICE, que prioriza la deportación segura de extranjeros delincuentes”, indicó el fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, Steven D. Weinhoeft.

En esa misma línea, dijo que las acciones de agentes federales que buscan combatir las nuevas normas son necesarias para desempeñar su tarea de manera correcta.

Las dos leyes de Illinois por las que el DOJ demandó a JB Pritzker

La HB 1312 implica una serie de cambios en la responsabilidad de agentes federales durante operativos y de las protecciones que tienen los migrantes en ciertas situaciones. Las claves de la Illinois Bivens Act son:

• Hace responsable civilmente a los agentes que incumplan la Constitución estatal o federal durante operativos. Cualquier persona puede presentar una demanda.
• El hecho de que un oficial se cubra el rostro puede ser considerado como un factor relevante a la hora de que un juez evalúe una demanda.
• La ley también regula a los hospitales, que deberán presentar planes concretos para la interacción con agentes migratorios en 2026.
• Los pacientes podrán solicitar que se elimine información sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio de sus registros médicos.
• Queda restringido el acceso de los agentes sin una orden judicial a zonas no públicas de los centros de salud, incluso si tienen a un migrante bajo custodia.

En paralelo, se sancionó la SB 2730, la Court Access, Safety, and Participation Act, que regula las detenciones cerca de tribunales migratorios.

Concretamente, prohíbe el arresto civil de personas que asistan de buena fe a citas para regularizar su estatus migratorio. Define las cercanías como cualquier lugar dentro de los 1000 pies (304 metros) de distancia.

Además, esta protección alcanza también a “acompañantes judiciales”, que pueden ser tanto familiares y pareja como una gama amplia de categorías que incluyen a traductores, asistentes sociales y otros vínculos.

El antecedente en Nueva York

En junio, la entidad federal realizó una presentación judicial contra el estado por la Protect Our Courts Act, sancionada en 2020.

Al igual que el caso de la Court Access, Safety, and Participation Act de Illinois, restringe los arrestos en los alrededores de cortes migratorias.