Está hirviendo la olla

El conflicto con Estados Unidos está generando un problema de gobernabilidad en México: amagos militares aéreos en los linderos del espacio aéreo mexicano. Insinuaciones sobre cuáles y dónde se encuentran los objetivos. Endurecimiento del discurso público en Washington. Extrañamientos y exigencias en privado. Donald Trump le dio una vuelta a la perilla de la estufa mexicana y habló de narcopolíticos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se puede alegar que estamos viviendo el momento más delicado en un siglo de relaciones bilaterales. ¿Y en Palacio Nacional?

Sheinbaum está atrapada en el choque entre el presidente de Estados Unidos y el expresidente de México que gira en torno al elefante en la sala: la economía criminal alterna que de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, construyó Andrés Manuel López Obrador con tres pivotes: el general Audomaro Martínez, el senador Adán Augusto López Hernández, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Aquí no creen en ese tipo de pecados criminales, pero allá, sobre la base de testigos, intervenciones telefónicas y electrónicas, no tienen duda alguna. También, no pretenden, y no le han dicho, que se los entregue para que los juzguen allá; lo que piden es que no haya impunidad y que los juzguen aquí.

La presidenta Sheinbaum enfrenta múltiples dilemas: cómo evitar acciones de fuerza unilaterales que no la lleven a una situación extraordinaria donde su discurso soberano y su cabeza fría se licuen ante la realidad; cómo desmantelar la red criminal donde los políticos juegan una parte central, sin que el ala radical de Morena –los más, porque están en el poder, pero no los únicos– se levante en su contra; cómo mantener la protección que exige López Obrador para los suyos sin continuar la dinámica desgastante con Estados Unidos, que son para los que pide que no haya impunidad, y cómo evitar un colapso del acuerdo comercial norteamericano, contaminado por lo anterior.

La tensión con Estados Unidos está comprometiendo la capacidad del gobierno para tomar decisiones autónomas, evidenciando su debilidad institucional –la postergación de la reforma electoral, según funcionarios mexicanos, estuvo directamente relacionada con las presiones de Washington de la última semana– y su improvisación diplomática. El ejemplo más claro fue que la llamada telefónica con Trump no corrió por los conductos normales, sino por una petición directa de la presidenta al embajador Ron Johnson. ¿Es el nivel de interlocución al que le alcanza a la presidenta? Si es así, estamos en problemas.

Sheinbaum está sintiendo la intensidad y, por lo que se vio la semana pasada, su agenda estuvo enfocada prácticamente en la relación con Estados Unidos tras la conversación telefónica con Trump, que de acuerdo con trascendidos en la prensa mexicana, fue ríspida. La presidenta negó que así haya sido, lo que llevaría esa discusión a un terreno subjetivo: ¿cómo definir ríspido? Es ocioso discutirlo. La conversación, sin embargo, según personas que conocieron aspectos generales de ella, tuvo momentos incómodos, pero no de choque, y reclamos directos, sin sobresaltos, como el tono a una especie de extrañamiento que le hizo Trump sobre el envío de petróleo a Cuba y la presencia de médicos cubanos en México. Públicamente, Sheinbaum dijo que de ese tema no habían hablado y Trump no la desmintió.

Es cierto, como reveló la presidenta, Trump le dijo que no habría una acción como la realizada en Venezuela, que reforzó lo que días antes le habían dicho por teléfono: acción militar no. ¿Un ataque quirúrgico? Ni en Washington, ni en algunas secretarías de Estado en México lo han descartado. Este escenario sería borrado si, como volvió a pedirle Trump, acepta que sus fuerzas especiales militares y de la CIA –que tiene grupos paramilitares–, apoyan a las fuerzas de seguridad mexicanas en el combate a los cárteles. En este punto la presidenta no se ha movido: nada de apoyo externo, lo resuelven internamente.

El problema es que, como lo han señalado en Estados Unidos públicamente, no la creen capaz. Sobre todo, porque para la administración Trump los cárteles no son el final del camino, sino la red de protección institucional que se expandió durante el sexenio de López Obrador, donde también se integraron altos funcionarios y políticos del régimen como parte orgánica del crimen organizado. Trump se lo tocó a la presidenta en la conversación, según las personas que conocieron de la plática, durante la cual reforzó lo que varios de sus diplomáticos le han pedido: firmeza para actuar contra políticos ligados al narco.

La presidenta mencionó en varios momentos la soberanía mexicana, que ha sido su línea continua, política y retórica, pero ese discurso sólo sirve para consumo interno, donde la mayoría no ve la contradicción entre el principio y la realidad: ¿en cuánto del territorio mexicano no hay soberanía del Estado? De acuerdo con el Pentágono, al menos en 35% que controlan las organizaciones criminales. Muchas carreteras y autopistas en la noche están al libre albedrío de los criminales, que suplen funciones de seguridad, fiscales y económicas del Estado. La soberanía tendría que empezar en casa, pues de otra forma, esa justificación pierde su valor principista.

La soberanía, como la no intervención que siempre antepone Sheinbaum ante los estadounidenses, no tiene valor real allá, donde algunos sectores la ven como una manipulación ideológica. Una fuente estadounidense ironizó cómo puede hablar de ello cuando el gobierno de López Obrador intervino en varias elecciones latinoamericanas y ella misma ha sido declarada persona non grata en dos países por intervencionista. No es un tema de soberanía por la que la presión no haya sido mayor, sino porque el riesgo de tomar acción sin considerar el efecto en la población que podría desatarse por miedo, podría provocar una migración masiva mexicana a Estados Unidos, que desestabilizaría, cuando menos, todo el sur de esa nación.

La dialéctica en la que se está desarrollando la relación bilateral está generando un problema de gobernabilidad, porque las presiones internas y externas son excluyentes y ralentizan o paralizan la conducción presidencial. La salida de sus dilemas no es fácil ni indolora. La presidenta deberá definir qué país quiere entregar en 2030, y decidir si apuesta por el statu quo y enfrenta a Estados Unidos, o al revés, con lo que ello signifique en su relación con López Obrador.