“Yo lo escuchaba y no podía creer lo que me decía”. En Chubut, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, José Severiche, presentó una denuncia por el presunto ofrecimiento de sobornos que llevó a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) local.

Según el sindicalista, un grupo de empresarios y un exfuncionario vinculado al kirchnerismo le habrían ofrecido dinero para que impidiera el inicio del ciclo lectivo en la provincia.

“Nosotros somos asambleístas: debatimos en representación de los trabajadores. Un empresario no se mete en estas cuestiones”, aseguró Severiche en diálogo con LA NACION.

En su declaración ante la Justicia, Severiche recordó que recibió un llamado de Ricardo Traversini, un empresario local en su momento investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. “Como tengo un amigo en común, me llamaron y fui”, dijo el gremialista a este medio.

Carpintero Patterson tiene una larga trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Destacó por ser secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves.

La carrera del exfuncionario concluyó con una condena por corrupción, luego que se acreditara un incremento patrimonial superior al 500%, además del cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”.

Luego del llamado, el sindicalista fue a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.

“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró Severiche y agregó: “Estaba Ricardo (Traversini) presente, pero era un ‘potus’, no hablaba”.

En su presentación, el secretario general de ATE local aseguró que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que después se realizarían “paritarias” para compensarlo, en caso de acceder al pedido. “Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos”, aseguró.

En un video de su declaración al que accedió este medio, Severiche cuenta que Carpintero “gritaba, se le ponía la cara roja y el ojo colorado. Decía que lo quería hacer mierda (sic) al gobernador”, Ignacio “Nacho” Torres.

“Si alguien no denuncia a esta gente, que es pesada, iban a llamar a otro. Quieren hacer daño, tomar de rehenes a los pibes y no es así”, justificó el gremialista su accionar legal a LA NACION. “Yo no vine a hacerle daño al gobernador, yo vine a dialogar. Si hay problemas o se cae el diálogo, es porque no hay acuerdo por las paritarias, no por una coima”.

La investigación

La UFE-DAP de Chubut inició una investigación, encabezada por la fiscal Julieta Gamarra, quien dispuso como primera medida la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.

Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión entre Severiche, Carpintero y Traversini. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse a medida que avance la investigación.

Fuentes del Gobierno provincial indicaron que el interés de los empresarios y del exfuncionario estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el envío de un proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar.