En las primeras semanas de 2026, el sistema migratorio estadounidense volvió a moverse. Nuevas tarifas, ampliación de visas temporales, cancelaciones de protecciones humanitarias y un endurecimiento en los controles sobre quienes ya son ciudadanos configuran un escenario complejo para millones de inmigrantes.
El aumento habilita hasta 64.716 visas adicionales, destinadas exclusivamente a empresas que demuestren que sufrirán un daño irreparable si no consiguen trabajadores temporales.
El nuevo cupo no será uniforme y prioriza ciertas situaciones laborales:
La medida, aclararon las autoridades, tiene carácter temporal y no garantiza que el aumento continúe en años futuros. El objetivo es sostener sectores con déficit laboral sin perjudicar a los trabajadores estadounidenses.
El servicio de trámite acelerado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tendrá nuevos costos desde el 1° de marzo de 2026. La actualización responde a la inflación acumulada entre junio de 2023 y junio de 2025.
Según el organismo, el dinero se utilizará para mejorar procesos, reducir atrasos y financiar servicios de naturalización.
La mayor alerta migratoria del mes gira alrededor del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que atraviesa cancelaciones, demandas judiciales y prórrogas inesperadas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que varios países ya no cumplen las condiciones para mantener el beneficio.
Por otro lado, tribunales federales frenaron decisiones del gobierno mientras continúan los litigios de:
En los últimos días, un tribunal de apelaciones reactivó la terminación del TPS para:
Las autoridades del Uscis aclararon que podrían existir nuevas actualizaciones judiciales en cualquier momento.
El Departamento de Estado inició una revisión integral para evitar que inmigrantes se conviertan en carga pública. Como resultado, desde el 21 de enero de 2026 se suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de decenas de países de riesgo económico.
La lista incluye gran parte de América Latina, África y Asia —entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Uruguay y Venezuela—. La medida implica que
La política responde, según el gobierno, al principio de autosuficiencia financiera exigido por el presidente Donald Trump.
La última actualización del mes llegó a través de un informe periodístico publicado por NBC News: el gobierno ampliará los esfuerzos para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas.
El plan consiste en reasignar funcionarios migratorios para investigar posibles fraudes durante la obtención de la nacionalidad.
Un portavoz de Uscis, Matthew Tragesser, explicó la nueva política: “Tolerancia cero contra el fraude en la naturalización y perseguiremos la desnaturalización de cualquiera que haya mentido o tergiversado información”, indicó, al agregar que se trabajará junto al Departamento de Justicia.
Los expertos señalan que el proceso es largo y complejo, pero genera preocupación:


