Violencia digital: las plataformas firman antes de que las regulen

17 compromisos y ninguna multa de por medio. Así es el convenio que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer 11 de marzo, con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres. Voluntario, y hay que subrayarlo, porque importa. Lo presentó Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, y es producto de mesas de trabajo que ella presidió desde el pasado 27 de noviembre junto con la Agencia de Transformación Digital. Cuatro meses de negociación con las tres plataformas más usadas en México para llegar a esto: un acuerdo que no obliga a nada con fuerza de ley, pero que, al menos, existe. Algo es algo en un país donde, hasta esta semana, no había ningún mecanismo formal acordado con esas empresas para responder a la violencia digital.

El contexto lo establece el Inegi. Su Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 registra 10.6 millones de mujeres víctimas, lo que equivale a una de cada cinco usuarias de internet en el país. Las jóvenes de 20 a 29 años son las más agredidas: tres de cada 10. El 87% de los agresores identificables son hombres. El acoso empieza antes de lo que muchos quisieran aceptar: muchas niñas y adolescentes de entre 14 y 16 años son agredidas en esas mismas apps que ahora firman el convenio. Al incluir a los hombres afectados, el Inegi llega a 18.9 millones de víctimas en total. No es una estadística abstracta, sino la dimensión real del problema que el acuerdo pretende abordar y que las plataformas, hasta ahora, supuestamente han enfrentado sin ningún marco regulatorio del gobierno.

Las 17 acciones van en dos sentidos. Prevención mediante normas comunitarias revisadas, una cartilla de seguridad digital y campañas educativas mensuales dirigidas a usuarios y creadores de contenido. Atención mediante una definición conjunta de qué debe considerarse violencia digital, retiro de material de abuso sexual, con énfasis especial en menores, herramientas de bloqueo y coordinación con fiscalías, ministerios públicos y policías cibernéticas para que las investigaciones no acaben en nada. El hecho de que sea voluntario no lo invalida. Le fija un horizonte de rendición de cuentas, que es mejor que nada.

Ni Claudia Sheinbaum ni Citlalli Hernández hablaron con frialdad del tema: ambas dijeron que han sido víctimas de agresiones digitales. No es un tema que estén promoviendo desde arriba porque afecta directamente a las personas, con nombre y apellido. Que lo reconozcan públicamente no es un detalle menor.

¿Y las plataformas, por qué firmaron algo así? Porque la alternativa les conviene menos. La presidenta lo dijo claramente: si la colaboración voluntaria no produce resultados, vendrá la regulación legislativa. La Ley de Servicios Digitales europea y la Online Safety Act australiana ya operan y sancionan a quienes no cumplen con sus disposiciones. Las propias Google y Meta lo aprendieron en 2021: llegaron tarde a la negociación en Australia y el parlamento de ese país les impuso una tarifa. Hoy firman antes de que alguien más decida por ellas. Es lo que hacen las corporaciones inteligentes cuando ven venir la tormenta.

¿Funcionará? Depende de que haya seguimiento real, transparencia y voluntad de ir más lejos cuando haga falta. Eso lo dirán los próximos meses. Por ahora, el gobierno decidió por fin actuar.

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