Luego de casi dos años desde la suspensión del programa de Créditos ANSES, una nueva iniciativa legislativa propone que la línea de préstamos vuelva a funcionar a partir de 2026.
El proyecto apunta a restablecer los créditos de hasta $ 1.500.000 destinados a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y trabajadores informales.
El proyecto de ley busca rehabilitar los créditos ANSES que fueron dados de baja por el decreto 421/2025. La iniciativa propone volver a otorgar préstamos personales, pero esta vez no estará orientado al consumo, sino a la cancelación de deudas existentes.
Según el texto, los créditos estarán destinados a sectores con acceso limitado al sistema financiero formal. Podrán solicitarlos:
Uno de los puntos centrales del proyecto es el control del destino de los fondos. El dinero no se entregaría directamente a los beneficiarios, sino que ANSES transferiría los montos de forma directa a los acreedores declarados, como bancos o emisores de tarjetas, garantizando que los préstamos se utilicen exclusivamente para saldar deudas.
El monto máximo de los créditos sería de $ 1.500.000, con un mecanismo de actualización automática atado a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para evitar que la inflación licúe el alcance del programa.
El trámite sería completamente digital y se gestionaría a través de la plataforma Mi ANSES, sin intermediarios ni gestores. Los solicitantes deberán informar sus deudas y el organismo se encargará de realizar los pagos correspondientes, con auditorías automáticas para verificar el correcto uso de los fondos.
En cuanto a las condiciones financieras, la tasa de interés propuesta será TAMAR más 10 puntos porcentuales, siempre por debajo de las tasas del sistema comercial. Además, las cuotas mensuales no podrán superar el 30% del ingreso neto, con el objetivo de preservar la capacidad de pago de los hogares.
Por el momento, los créditos ANSES no están vigentes. El proyecto deberá ser debatido y aprobado primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado para convertirse en ley.
Si el trámite legislativo avanza según lo previsto, la iniciativa podría entrar en vigencia en el segundo semestre de 2026. Sin embargo, se anticipa un debate intenso, especialmente en torno al uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra las reservas del sistema jubilatorio.


