Un hombre de Detroit, Jibreel Pratt, ha sido sentenciado a nueve años en prisión federal después de declararse culpable de enviar donaciones de Bitcoin destinadas a ISIS. Las autoridades confirmaron que Pratt había estado operando en secreto, intentando financiar al grupo terrorista a través de criptomoneda. Sus acciones ocurren en medio de mayores esfuerzos federales para interrumpir el flujo de fondos digitales a organizaciones extremistas.
La participación de Pratt en el esquema comenzó en febrero de 2023 cuando contactó a una persona que creía era un operativo de ISIS. En realidad, este individuo era un informante federal confidencial. Durante varios meses, Pratt envió pagos de Bitcoin, convencido de que los fondos ayudarían a ISIS en el reclutamiento y financiamiento de ataques.
En marzo y mayo de 2023, Pratt realizó múltiples transferencias de Bitcoin a la fuente. Estos pagos estaban destinados a apoyar a reclutas de ISIS y ayudar a individuos a viajar para unirse al grupo. Las autoridades señalaron que Pratt también proporcionó al informante documentos operativos detallados, incluyendo estrategias para armar drones y organizar redes de inteligencia.
Para ocultar sus transacciones, Pratt empleó herramientas avanzadas de privacidad. Utilizó una VPN y software de encriptación para ocultar los detalles de sus transferencias de Bitcoin, así como las claves privadas requeridas para acceder a los fondos. Estos esfuerzos estaban dirigidos a evitar la detección por parte de las fuerzas del orden, pero finalmente no impidieron su captura.
El caso de Pratt es parte de una iniciativa federal más amplia para interrumpir el financiamiento del terrorismo a través de criptomoneda. Las autoridades federales han aumentado su objetivo hacia individuos que utilizan monedas digitales para apoyar actividades extremistas. El Departamento de Justicia ha incautado grandes cantidades de criptomoneda vinculada a grupos terroristas como ISIS y Hamas en los últimos meses.
Como parte de la represión, varias personas han sido arrestadas por intentar canalizar fondos a organizaciones terroristas extranjeras. El caso contra Pratt envía un fuerte mensaje sobre los riesgos de usar criptomoneda para apoyar actividades terroristas dentro de los Estados Unidos.
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