La Corte Penal Internacional se enfrenta al riesgo de más sanciones

El 22 de septiembre de 2025, los medios de comunicación informaron sobre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal internacional permanente existente, sea sancionada como entidad por la Administración Trump. Según Reuters, "se estaban evaluando sanciones a toda la entidad, pero no se elaboró sobre el momento de la posible medida". La Administración Trump ya ha emitido varias sanciones contra quienes trabajan con la CPI, de acuerdo con una orden ejecutiva introducida por el presidente Trump en febrero de 2025. Entre los sancionados están el Fiscal Jefe de la CPI Karim Khan, los Fiscales Adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, seis jueces que presiden varias etapas en los procedimientos relativos a las situaciones en Afganistán y Palestina, y Francesca Paola Albanese, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. Las sanciones más recientes incluyen tres organizaciones no gubernamentales extranjeras—Al Haq, Centro Al Mezan para los Derechos Humanos (Al Mezan), y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)— que se dice han estado trabajando con la CPI para "investigar, arrestar, detener o procesar a nacionales israelíes, sin el consentimiento de Israel". Aunque no está claro en esta etapa si la Administración Trump sancionará a la CPI en su conjunto, la Administración Trump dejó muy claro que seguirán más sanciones.

¿Cuáles son las sanciones impuestas hasta ahora a quienes trabajan con la CPI? Estas sanciones son de gran alcance y, según lo identificado por la Administración Trump, como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados. De manera similar, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas designadas o bloqueadas están prohibidas a menos que sean autorizadas por una licencia general o específica. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona de este tipo. Como tales, estas sanciones tienen el efecto de parálisis financiera.

En respuesta a las posibles sanciones contra la CPI en su conjunto, organizaciones no gubernamentales (ONG) emitieron una carta pública en apoyo a la CPI. La carta hace un llamado a los Estados Partes del Estatuto de Roma a "hacer todo lo que esté en su poder para detener las sanciones propuestas por EE.UU. contra la CPI, una institución judicial independiente con el mandato de enfrentar la impunidad por los crímenes más graves conocidos por la humanidad". Como sugiere la carta, "Tales sanciones dejarían a innumerables víctimas abandonadas al obstruir un último recurso para la justicia, utilizando el sistema financiero global como arma para asfixiar el trabajo de la Corte, y afianzando los dobles estándares donde el poder y la política dictan qué sobrevivientes merecen justicia".

La carta argumenta además que sancionar a la CPI sería un peligroso punto de inflexión, socavando los esfuerzos internacionales para garantizar la justicia y la rendición de cuentas a nivel mundial. Tales sanciones tendrían un efecto significativo en la CPI como entidad. Si la CPI fuera sancionada, quedaría paralizada financieramente. Como explica: "El control de EE.UU. sobre el sistema financiero global asegura que el impacto de las meras amenazas de sanciones llegue mucho más allá de Washington, ya que bancos, aseguradoras y proveedores de servicios no estadounidenses a menudo cumplen en exceso por temor a ser sancionados ellos mismos, bloqueando incluso transacciones básicas".

Si bien esto amenazaría todas las funciones centrales de la CPI, uno de los efectos más significativos de las sanciones sería dejar a las víctimas/sobrevivientes de crímenes internacionales sin la asistencia y protección que requieren.

Los firmantes de la carta pública hacen un llamado a los Estados Partes de la CPI para salvar a la CPI y el Estado de Derecho rechazando pública y firmemente las sanciones contra la CPI, protegiendo a los proveedores de servicios y desarrollando alternativas prácticas a la red bancaria del dólar estadounidense, entre otros.

Aunque no hay indicios de si la CPI, como entidad, será sancionada, la Administración Trump dejó muy claro que "Estados Unidos continuará tomando cualquier acción que consideremos necesaria para responder a la guerra jurídica, para controlar y prevenir el exceso ilegítimo y el abuso de poder de la CPI, y para proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados".

Como las sanciones aún están por confirmarse, la comunidad internacional debe considerar el escalofriante mensaje de la carta pública de las ONG: "Si las sanciones hacen que la [CPI] quede inoperativa, no habrá vuelta atrás. Habremos perdido para siempre una de las instituciones más relevantes del siglo pasado. La comunidad global no puede permitir que esto suceda".