La Cámara de Blockchain de Uruguay expresó preocupación por el proyecto de regulación para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), describiéndolo como ambiguo y restrictivo. La institución advirtió que el marco propuesto podría generar incertidumbre legal, aumentar los costos operativos y desalentar el desarrollo tecnológico en el sector cripto.
Según la Cámara, el lenguaje de la norma carece de claridad e introduce requisitos desproporcionados que podrían limitar la actividad de pequeñas empresas y desarrolladores independientes. El documento argumenta que los emprendedores locales requieren reglas precisas y justas, pero el texto se basa en gran medida en analogías que dejan espacio para la interpretación. El corto período de consulta pública complica aún más el análisis técnico e impide una evaluación integral del impacto legal y económico.
La Cámara también señaló que la definición de activos virtuales financieros es demasiado amplia. Podría incluir tokens de utilidad y tokens no fungibles que no tienen un propósito financiero. Esta interpretación amplia podría imponer obligaciones de cumplimiento a proyectos que no están directamente relacionados con operaciones financieras, afectando su sostenibilidad y crecimiento futuro.
Continuando con informes sobre Uruguay en CryptoNewsFlash, la propuesta establece un esquema de autorización único para todos los PSAV sin diferenciar entre tamaños de negocios o volúmenes de transacciones. Según la Cámara, tal uniformidad puede hacer que las pequeñas empresas sean económicamente inviables. La institución sugiere un enfoque regulatorio gradual similar al modelo del sistema de pagos de Uruguay, donde los requisitos aumentan a medida que las empresas crecen.
La Cámara criticó la ausencia de un sandbox regulatorio—un mecanismo que permitiría a las startups probar proyectos bajo condiciones controladas. Sin él, los emprendedores enfrentan una mayor exposición legal y oportunidades limitadas para la experimentación.
Expertos como el analista financiero Juan Diana Romero coinciden en que, si bien la regulación busca ordenar el mercado cripto, sus definiciones ambiguas pueden conducir a conflictos interpretativos. El debate en Uruguay permanece abierto mientras el sector cripto pide una legislación más precisa y adaptable.