WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva polémica al exigir este jueves la pena de muerte para seis legisladores demócratas que publicaron un video en el que recordaban a los militares su obligación de rechazar órdenes ilegales. A través de su red Truth Social, el mandatario acusó a los parlamentarios de cometer “sedición del más alto nivel”, calificó sus declaraciones de “traición” y reclamó que fueran “arrestados y juzgados”.

La Casa Blanca, por su parte, evitó pronunciarse oficialmente sobre la escalada verbal.

Las explosivas afirmaciones ocurrieron luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas con pasado militar o en inteligencia compartiera un mensaje dirigido al personal en servicio activo. Allí, advertían que las amenazas a la Constitución pueden provenir “también de aquí mismo, en casa” y subrayaban que las leyes estadounidenses permiten —y exigen— rechazar órdenes manifiestamente ilegales.

El contenido no mencionaba órdenes específicas, pero coincidió con reportes de militares que habrían expresado dudas sobre la legalidad de recientes operaciones contra presuntos narcotraficantes.

El Pentágono evitó comentarios sobre el video de los legisladores, pero recordó que el Código Uniforme de Justicia Militar obliga a obedecer solo órdenes legales y establece que los uniformados juran defender la Constitución. Ni el Departamento de Justicia ni las oficinas de los parlamentarios involucrados respondieron de inmediato a las consultas de la prensa.

En una serie de publicaciones sucesivas, Trump amplificó sus acusaciones al afirmar que los demócratas deberían ser “encerrados” e insistió en que su conducta amerita la pena capital. También volvió a publicar mensajes de usuarios que reclamaban castigos extremos: “¡Los ahorcaría, George Washington lo haría!”, decía uno de ellos. Altos funcionarios republicanos habían criticado el video antes de los comentarios del presidente, acusándolo de incentivar la “rebeldía” contra el comandante en jefe.

Los legisladores involucrados —entre ellos los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin, ambos veteranos— defendieron su mensaje y señalaron que el Ejército jura lealtad a la Constitución, no al presidente. En el video también participan los representantes Chrissy Houlahan, Jason Crow, Maggie Goodlander y Chris Deluzio, todos con experiencia en las Fuerzas Armadas o en agencias de inteligencia.

La reacción demócrata frente a las amenazas de Trump fue inmediata. Dirigentes del partido calificaron de “canallada” y “escalofriante” que el presidente invoque la pena de muerte contra miembros del Congreso por recordar un principio básico del derecho militar. “El gobierno jamás debería intentar obligar a nuestros militares a cumplir una orden ilegal”, sostuvo el senador Chris Coons, quien pidió a los republicanos que condenaran públicamente las declaraciones de Trump.

El debate se produce mientras la administración enfrenta cuestionamientos por el uso de fuerzas estadounidenses dentro y fuera del país. En territorio nacional, el gobierno ordenó en varias ocasiones el despliegue de la Guardia Nacional para controlar disturbios, a menudo sin el consentimiento de autoridades locales, medidas que terminaron judicializadas. En el ámbito internacional, Trump autorizó operaciones letales contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, ataques que dejaron más de 80 muertos desde septiembre y que, según expertos, constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Presiones sobre el sistema judicial

Paralelamente, el mandatario ha intensificado las presiones sobre el sistema judicial. En los últimos meses removió a un fiscal federal que se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y lo reemplazó con su propia abogada, Lindsey Halligan, quien luego acusó formalmente a James y al exdirector del FBI James Comey. Esta imputación enfrenta ahora un posible revés, luego de que la fiscalía admitiera que no fue revisada por un gran jurado, como exige la ley.

El Departamento de Justicia, además, lleva adelante investigaciones impulsadas desde la Casa Blanca contra exfuncionarios de la administración Obama —incluidos John Brennan y James Clapper— por la trama rusa de 2016, y contra el congresista Adam Schiff, quien lideró el primer juicio político contra Trump. La ofensiva se extendió incluso a funcionarios de la Reserva Federal y a dirigentes demócratas vinculados al caso Jeffrey Epstein, pese a que una revisión previa del propio departamento no había encontrado elementos para avanzar.

Trump hizo de las acusaciones de “traición” un eje recurrente desde su primer mandato, aplicando el término a activistas de Black Lives Matter, medios de comunicación, exfuncionarios y hasta al expresidente Barack Obama. Aunque nunca impulsó formalmente procesos por ese delito, su retórica se endureció notablemente en los últimos meses, en línea con su promesa de campaña de utilizar el aparato estatal para investigar a sus adversarios políticos.

Agencias AFP y Reuters y diario The Washington Post