Los tribunales federales de Estados Unidos se transformaron este 2025 en un escenario decisivo para el futuro del las políticas migratorias de Donald Trump. Más de un centenar de órdenes emitidas por el presidente republicano fueron frenadas por la Justicia, lo que evitó un impacto directo en la comunidad extranjero.

Cuántas demandas recibieron las órdenes ejecutivas de Trump en 2025

Según el rastreador judicial de Just Security, la cantidad de causas vinculadas con órdenes o acciones ejecutivas ascendió a 550 hacia fines de noviembre.

De ese total:

• 44 órdenes terminaron completamente bloqueadas.
• 93 quedaron detenidas de forma temporal.
• 28 siguieron bloqueadas mientras avanzaban en apelación.
• 12 recibieron fallos mixtos, con frenos parciales y rechazos parciales.
• 252 siguen pendientes de una resolución judicial.

Las principales leyes de Trump sobre inmigración que fueron frenadas por la Justicia

La Ley de Enemigos Extranjeros y la expulsión de venezolanos

Las demandas vinculadas con la Proclamación Presidencial 10903 se convirtieron en uno de los capítulos más relevantes del año. La orden utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) para habilitar la deportación inmediata de venezolanos sin estatus legal acusados de integrar el grupo criminal Tren de Aragua.

La estrategia fue cuestionada desde múltiples ángulos:

• En el caso W.M.M. v. Trump, el Quinta Circuito dictaminó que la AEA no podía emplearse para deportar a supuestos miembros del grupo, porque la actividad delictiva no equivalía a una “invasión” ni cumplía las condiciones de la ley.
• En J.A.V. v. Trump, un tribunal concluyó que la Casa Blanca se había excedido en su autoridad y otorgó un interdicto permanente.

Las apelaciones avanzaron de manera paralela y ninguna instancia superior permitió su implementación plena. Además, en otro caso, la Justicia ordenó revertir la expulsión de un menor y dispuso su retorno para continuar el trámite de asilo.

Órdenes sobre deportación acelerada y envíos a terceros países

Otro foco de litigios se abrió con las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitidas el 18 de febrero. Las directivas impulsaron la redetención y traslado de no ciudadanos a un “tercer país”, incluso sin escuchar reclamos de temor a tortura.

• En el expediente D.V.D. v. DHS, el Tribunal Supremo suspendió una orden de primera instancia que había frenado la medida. Eso permitió que la política siguiera su curso mientras se desarrollaba la apelación.
• Se litigaron violaciones, especialmente por casos en los que seis personas fueron enviadas a Sudán del Sur sin oportunidad real de plantear su protección.

En paralelo, la Orden Ejecutiva 14159 amplió la remoción acelerada a quienes no demostraran dos años de presencia continua en el país norteamericano. El caso Make the Road New York vs. Noem quedó bloqueado pendiente de apelación, con excepción de los cambios sobre evaluación de temor creíble.

El retroceso en el Estatus de Protección Temporal (TPS)

Las decisiones de la secretaria del DHS, Kristi Noem, generaron fuertes cuestionamientos a lo largo de 2025. La intención de cancelar el TPS para venezolanos y reducir la protección para haitianos desembocó en litigios que marcaron un hito.

• En National TPS Alliance v. Noem, un juez determinó que la funcionaria no tenía autoridad legal para anular una extensión previamente aprobada. También afirmó que las justificaciones eran una fachada improcedente.
• El Tribunal Supremo mantuvo la suspensión temporal sobre el TPS venezolano, lo que habilitó su cancelación parcial mientras continuaba la disputa.

Otros países también fueron afectados. Aunque un tribunal de distrito ordenó frenar la terminación del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua, el Noveno Circuito permitió su avance en agosto.

La ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento

La Orden Ejecutiva 14160 intentó quitar la ciudadanía automática a los hijos de personas indocumentadas nacidos en Estados Unidos. Diversos estados, organizaciones y mujeres embarazadas acudieron a los tribunales.

• El Tribunal Supremo dispuso que el interdicto de CASA vs. Trump se limitara solo a los demandantes de ese caso.
• Sin embargo, otros tribunales, como el del Primer Circuito, confirmaron las órdenes que bloquean la implementación de la orden.

Las demandas plantearon incompatibilidad con la 14ª Enmienda, además de objeciones bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).

Las ciudades santuario y la retención de fondos

Los intentos de sancionar a jurisdicciones santuario provocaron un aluvión de fallos adversos.

• En California se otorgó un interdicto preliminar.
• En Nueva York, un juez ordenó restituir unos 34 millones de dólares y calificó la medida federal como arbitraria e ilegal.
• En Illinois también obtuvo una suspensión temporal sobre fondos reasignados.