WASHINGTON.- El día después de la histórica operación militar norteamericana que expulsó a Nicolás Maduro del poder y abrió una nueva etapa en Venezuela, el gobierno de Donald Trump empezó este domingo a dar señales de una apertura a negociar una transición con la actual cúpula chavista si tomara las “decisiones adecuadas” para cumplir los objetivos de la Casa Blanca.

Horas más tarde, y como respuesta directa a las advertencias de Washington, la presidenta interina Delcy Rodríguez llamó públicamente al diálogo, reclamó respeto por la soberanía venezolana y reafirmó la “vocación de paz” del país, en un mensaje dirigido “al mundo y a los Estados Unidos”.

Aunque el propio Trump había afirmado que Estados Unidos conduciría a Venezuela hacia una “transición pacífica, adecuada y juiciosa”, este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los líderes venezolanos que respondían a Maduro, aunque bajo las condiciones que imponga Washington.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan [los dirigentes venezolanos], y vamos a ver qué hacen. Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, advirtió Rubio, funcionario clave para la operación “Determinación Absoluta”, con la que fuerzas estadounidenses detuvieron en Caracas a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a una prisión en Nueva York.

Consultado sobre un eventual calendario electoral, Rubio fue tajante al señalar que es “prematuro” hablar de comicios en Venezuela. “Queda mucho trabajo por delante”, anticipó. Si bien subrayó que Washington valora la democracia y los procesos electorales, dejó en claro cuál es la prioridad inmediata del gobierno de Trump. “Ante todo, nos importan la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”, explicó.

Poco más tarde, el propio Trump endureció el tono al referirse a Rodríguez, confirmada como presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano. “Si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, advirtió el mandatario norteamericano en un breve diálogo telefónico con la revista The Atlantic.

“Reconstruir y cambiar de régimen –como se le quiera llamar– es mejor que lo que tienen ahora mismo. No es algo malo en el caso de Venezuela”, insistió. “El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido, un desastre en todos los sentidos”, reforzó.

Fue después de esas declaraciones cuando Rodríguez difundió su mensaje en redes sociales, en el que buscó fijar la posición del gobierno interino y marcar un contraste con el discurso de confrontación de Washington. En el texto, reafirmó la “vocación de paz y de convivencia pacífica” de Venezuela y llamó a reconstruir el vínculo bilateral sobre la base del respeto mutuo y la legalidad internacional.

“Venezuela aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”, afirmó Rodríguez, quien consideró prioritario avanzar hacia un “relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso” entre Estados Unidos y Venezuela, y con los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia.

La presidenta interina extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense a trabajar en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, y sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

En un mensaje dirigido de manera explícita a Trump, Rodríguez subrayó que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y aseguró que ese ha sido “siempre el predicamento” de Maduro y del chavismo. “Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro”, concluyó.

A la par, se espera que Maduro –arrestado en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn– comparezca este lunes al mediodía ante un tribunal de Manhattan, en una audiencia que marcará el inicio formal del proceso judicial en su contra en Estados Unidos.

Machado, fuera de los planes

Más temprano, el secretario de Estado había vuelto a cerrar la puerta a la posibilidad de que la líder opositora María Corina Machado asuma el poder en Venezuela tras la captura de Maduro. El funcionario dejó en claro que la administración republicana no contempla en sus planes políticos inmediatos a la actual Nobel de la Paz para el país sudamericano.

“La realidad inmediata es que, lamentablemente, y con tristeza, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia", explicó Rubio, que remarcó que las próximas semanas y meses serán cruciales para los intereses de Estados Unidos y para la estabilidad regional.

“Llevan 15 o 16 años con este sistema del chavismo y todo el mundo se pregunta: ‘¿por qué, 24 horas después de la detención de Maduro, no hay elecciones previstas para mañana’? Es absurdo”, expresó Rubio.

El funcionario enfatizó que la Casa Blanca mantendría una “cuarentena” militar sobre las exportaciones petroleras venezolanas para ejercer influencia sobre el nuevo liderazgo, en lo que seguramente será uno de los ejes centrales de la estrategia norteamericana para el futuro del país. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en 300.000 millones de barriles.

Las fuerzas norteamericanas continuarán impidiendo la entrada y salida de los petroleros incluidos en una lista de sanciones hasta que el gobierno abra la industria petrolera estatal a la inversión extranjera —presumiblemente con prioridad a las empresas estadounidenses— e implementen otros cambios, indicó Rubio en CBS News.

“Eso sigue vigente, y representa una enorme influencia que continuará hasta que veamos cambios, no solo para promover el interés nacional de Estados Unidos, que es la prioridad, sino también para un futuro mejor para el pueblo venezolano”, dijo. “No más narcotráfico. No más presencia de Irán y Hezbollah allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios en todo el mundo”, explicó.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una amplia presencia naval militar que lideró la incursión contra Maduro en Venezuela, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo de Venezuela.

Por su parte, el dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien la oposición reconoce como vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, reclamó en un video difundido en redes que se respete el resultado electoral y llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir el mandato surgido de las urnas. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado en las urnas”, afirmó.

González Urrutia sostuvo además que los acontecimientos recientes representan “un paso importante, pero no suficiente”, y subrayó que la normalización del país solo será posible si se restituye plenamente el orden democrático y se liberan todos los presos políticos. “La normalización real de Venezuela llegará cuando todos los ciudadanos privados de la libertad por razones políticas recuperen su libertad”, señaló. Su mensaje, centrado en la legitimidad electoral y los derechos humanos, evitó cualquier referencia al rol que Trump atribuyó a Estados Unidos en la conducción del país.

Maduro, ante un tribunal

Mientras Estados Unidos busca encarrilar la transición en Venezuela, se espera que Maduro y su esposa -que este domingo pasarán su segunda noche detenidos en una prisión federal de alta seguridad- comparezcan este lunes al mediodía (hora local, las 14 en la Argentina) en el Tribunal de Distrito en el Bajo Manhattan para enfrentar cargos por conspiración de narcoterrorismo, reveló a The Washington Post una persona con conocimiento de los planes.

Según publicó el influyente diario, Maduro comparecerá ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein, un veterano de 92 años de edad que ha manejado varios casos importantes. Los cargos se basaron en una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y según expertos legales es probable que el magistrado ordene la detención de Maduro y Flores a la espera de un juicio que podría tardar más de un año en llegar.

El documento de la Fiscalía General con los cargos que se les imputan -un texto de 25 páginas- acusa a Maduro, a su esposa, a su hijo “Nicolasito” y a otros dos altos funcionarios del régimen de enriquecerse ilegalmente durante sus años al frente del poder en Venezuela y de tener planes para inundar Estados Unidos de droga.

“Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, indica la denuncia. La acusación formal es por los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El proceso judicial en Nueva York expone a Maduro y su esposa a penas extremas, hasta una posible cadena perpetua.

Según Elie Honig, analista legal de CNN y exfiscal, el equipo legal de Maduro probablemente argumentará que su captura violó el derecho internacional y que el ex líder venezolano tiene “inmunidad soberana, lo que significa que no puede ser procesado por acciones que realizó como jefe de un Estado o país extranjero”, explicó.

Debate creciente

Mientras se esperan los avances en el frente judicial por las acusaciones que enfrenta Maduro, en Estados Unidos creció en las últimas horas el debate sobre la legalidad del operativo militar que expulsó al líder chavista del poder después de 13 años, con fuertes críticas de la oposición demócrata. La misión -que dividió aguas en América Latina- también fue rechazada por distintos gobiernos.

“No fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra”, señaló a NBC Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

“Entraron a Venezuela y bombardearon instalaciones civiles y militares. Es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin autorización del Congreso”, afirmó, por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

El senador afirmó que le habían dicho en tres informes clasificados que el gobierno no buscaba un cambio de régimen ni planeaba emprender acciones militares en Venezuela. “Me aseguraron que no buscaban esas cosas”, dijo en una llamada con periodistas. “Claramente no están siendo sinceros con el pueblo estadounidense”, amplió.

Para justificar el operativo sin tener que dar explicaciones al Congreso, Rubio sostuvo que se trató del arresto de “dos fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses”, y que “el Pentágono apoyó al Departamento de Justicia en esta misión”. Un alto funcionario citado The New York Times confirmó que por lo menos 80 personas —entre militares y civiles— murieron como consecuencia directa del operativo de Estados Unidos, un número mayor al estimado inicialmente.

“No se puede decir que se trató de una ‘operación policial’ y luego dar la vuelta y decir que ahora necesitamos gobernar el país”, declaró Jeremy Paul, profesor de la Universidad de Northeastern especializado en derecho constitucional. “Simplemente no tiene ningún sentido”, dijo a la agencia Reuters.

“Este arresto es problemático”, dijo, por su parte, Barbara McQuade, ex fiscal federal y profesora de derecho en la Universidad de Michigan. “Normalmente, el procedimiento para arrestar a alguien que no reside en Estados Unidos es mediante una solicitud de extradición”, explicó al sitio MS-Now. “En cambio, estamos presenciando un arresto militar clandestino”, describió.

Este domingo, en un comunicado conjunto, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay mostraron su “rechazo” frente a “las acciones unilaterales” de Estados Unidos en Venezuela.

Según la nota, las acciones militares del sábado, que generaron amplia repercusión global, “contravienen los principios fundamentales” del derecho internacional, "en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.