Más allá de que el Gobierno pretende avanzar lo más rápido posible con la aprobación del pacto con Estados Unidos, distintas fuentes consultadas por LA NACION coinciden en que el debate del acuerdo se hará recién cuando arranque el período de sesiones ordinarias, en marzo.

El jueves, cuando ingresó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que sí fue incluido dentro del temario de extraordinarias de febrero, en la presidencia de la Cámara de Diputados dijeron que esperaban la llegada del entendimiento con la administración de Donald Trump. Así dieron por hecho que esa será la Cámara de origen.

Pero por ahora distintas fuentes Ejecutivas y legislativas consultadas por LA NACION este sábado dejaron entrever que es improbable que el acuerdo con EE.UU. logre introducirse en el debate de extraordinarias. Esto tanto por las cuestiones formales que todavía debe abordar la Casa Rosada, ahora que el pacto ya está rubricado, como así también porque el debate con los aliados todavía no se inició.

“Hay que traducir el texto, que es larguísimo. No creo que lleguemos antes de marzo porque no dan los días”, expresó un integrante de la mesa chica libertaria a LA NACION.

Además, juega contra los tiempos de la Casa Rosada que el 16 y 17 de febrero hay feriado por carnaval, por lo tanto se pierde un martes del mes, tradicionalmente día hábil para el Parlamento. Al mismo tiempo, el oficialismo trabaja con un ambicioso esquema de extraordinarias, que tiene como ejes principales la reforma laboral (en el Senado) y la baja de la edad de imputabilidad (en Diputados), dos textos que recién llegarán a recinto la semana entrante. Se suma el acuerdo con el Mercosur, que Milei ya remitió.

“Muy probablemente no se llegue a tratar el acuerdo con Estados Unidos en extraordinarias”, coincidió otra fuente importante del Ejecutivo con conocimiento de los temas parlamentarios consultada por este medio. En la misma línea se expresó un tercer funcionario.

Tras la conferencia de prensa del viernes, en la que el Gobierno presentó algunos detalles de la firma en voz del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del canciller Pablo Quirno, el entusiasmo era tal que los funcionarios ya daban por hecho que tendrían aval legislativo. Pero de momento, según pudo saber LA NACION, La Libertad Avanza (LLA) no hizo un sondeo del devenir legislativo de esta iniciativa ni tampoco conoce que aceptación tiene entre los bloques aliados, ni en Diputados, ni en el Senado.

El tema tampoco entró en las conversaciones con los gobernadores, que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli. En el Congreso, el peso de los mandatarios provinciales es importante.

Para el martes está prevista la reunión constitutiva de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, por donde pasará el pacto antes de ir al recinto.

El poroteo

De entrada, en Diputados el oficialismo cuenta con 95 integrantes de su bancada, a los que se suman 12 votos de Pro, un total de 107 voluntades. El espacio amarillo es uno de los pocos que tiene posición tomada sobre el acuerdo. Una alta fuente de Pro consultada por LA NACION dijo: “Bancamos el pacto con Estados Unidos. Es una oportunidad enorme para la Argentina”.

El otro bloque fuerte en el mundo legislativo es el de Unión por la Patria (UP), el principal espacio opositor, con Germán Martínez de presidente, 93 integrantes y cuyas voces más fuertes suelen criticar la supuesta “sumisión” con que el presidente Javier Milei articula su relación con Estados Unidos. Más allá de eso, fuentes del kirchnerismo, de la órbita de Máximo Kirchner, dijeron a este medio que todavía no hay una postura definida al respecto del pacto y que van a analizar el detalle una vez que Milei lo envíe. “No es una decisión por blanco o por negro”, plantearon, pese a que, en una primera mirada, admitieron que “no parecería un texto que el kirchnerismo estaría dispuesto a firmar”.

El bloque de Provincias Unidas, en tanto, ostenta 18 integrantes, comandados por la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, con representación de esa provincia (Maximiliano Pullaro), de Córdoba (Martín Llaryora), Jujuy (Carlos Sadir) y Chubut (Ignacio Torres), como así también de legisladores que no responden a mandatarios provinciales. A nivel bancada todavía el tema no se puso a consideración.

De momento, dos integrantes de ese variopinto espacio, el socialista Esteban Paulón y la exlibertaria Lourdes Arrieta, por su propia cuenta, junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), pidieron que Quirno vaya a la Cámara baja a explicar el acuerdo, por un “aparente desbalance en la reciprocidad entre ambos países”. Todavía la Cancillería no respondió.

El radicalismo en la Cámara baja tiene seis miembros comandados por la mendocina Pamela Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, uno de los socios de la Casa Rosada. “Este acuerdo significa una herramienta más para el camino de crecimiento de la Argentina. Es un paso más para la apertura comercial que necesita el país tras años de aislamiento del mundo. Seguramente escucharemos distintas voces sobre el tema, pero lo que sí estamos viendo es que el acuerdo traerá beneficios relevantes para la producción y la exportación de bienes nacionales”, dijo la diputada a LA NACION, al igual que otros exponentes de ese bloque, que se manifestaron a favor del pacto por el impacto que consideran que tendrá en las exportaciones.

Los gobernadores, además, tienen injerencia en otras bancadas, como Innovación Federal, con siete miembros de Misiones (Hugo Passalacqua) y Salta (Gustavo Sáenz), Elijo Catamarca (Raúl Jalil) de tres miembros, Independencia (Tucumán, Osvaldo Jaldo) con otros tres diputados, Producción y Trabajo (San Juan, Marcelo Orrego) con dos integrantes, Por Santa Cruz (Claudio Vidal) con un integrante, La Nequinidad (Neuquén, Rolando Figueroa) con una diputada más. Además, los mandatarios provinciales tienen peso en el Senado.

Hasta este sábado, el MID, que gestiona Oscar Zago, no tenía una postura definida sobre el acuerdo, al igual que el monobloque de la radical Karina Banfi. Esperaban leer la letra chica.

Está descontado que los cuatro diputados de la izquierda votarán en contra.

Patentes

En su plan de aplicación del acuerdo, el Gobierno también necesita que el Congreso apruebe antes del 30 de abril el PCT (Patent Cooperation Treaty), un tratado de cooperación internacional en materia de patentes. Según la Casa Rosada, la media sanción que la adhesión al PCT ya tiene por parte del Senado todavía es válida pese a que se hizo 29 años atrás, por lo que -dicen- solo deberá pasar por Diputados.

Así lo expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Un tema central es la aprobación del PCT, al que solo le resta la aprobación en Diputados luego de haber sido aprobada en el Senado. Eh… sí, hace 29 años (es decir que ocho gobiernos les hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los dolobus)“, escribió en X.

La adhesión a ese tratado genera los primeros chispazos con la industria farmacéutica local, que se opuso históricamente a que la Argentina ingrese al PCT.

Fuentes que manejan las cuestiones parlamentarias del oficialismo aseguran que la decisión del Senado de tres décadas atrás todavía es válida basadas en el artículo 2 de la ley 13.640, que establece que los proyectos de tratados internacionales no caducan.

Esa ley, en su artículo 1, plantea que todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado; y que si obtuvo sanción en alguna de las Cámaras en el término indicado, se prorrogará por un año más.

Sin embargo, el artículo 2 indica: “Exceptúense de lo dispuesto en el artículo anterior los proyectos de códigos, tratados con las naciones extranjeras, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre provisión de fondos para pagar los créditos contra la Nación y los reclamos de particulares con igual carácter". En este apartado se ancla LLA.

Resta, además, que el Congreso refrende diez tratados internacionales (algunos ya avalados) y la modificación de determinadas leyes que van contra lo sellado en Washington.