La reforma constitucional para reducir la jornada laboral “está a la altura de los tiempos que estamos viviendo, se garantiza el derecho de los trabajadores y por supuesto, se cuida la productividad de las empresas”, afirma la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El debate para la jornada laboral de 40 horas por semana está en la cancha de la Cámara de Diputados. El dictamen de la minuta enviada por el Senado está listo para su análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, las cuales sesionarán el lunes 23 de febrero.
En entrevista con El Economista, la legisladora afirma que la reforma es resultado de un consenso y una responsabilidad de garantizar los derechos de los trabajadores y evitar afectaciones a las empresas.
Los cambios propuestos a la Constitución son “un equilibrio responsable, que garantiza los derechos laborales y cuida a las empresas, porque lo hemos dicho muchas veces, no hay empresas sin trabajadores y trabajadores sin empresas”.
El proyecto que evaluará la Cámara de Diputados se compone de 5 ejes:
La diputada federal de Morena puntualiza que, además de la reducción del tiempo de trabajo, elementos como la protección al salario y prestaciones son parte de los beneficios para las personas trabajadoras, mientras que las disposiciones como la gradualidad permite una adaptación de las organizaciones sin poner en riesgo la productividad.
“Estamos viviendo un momento muy importante, después de 109 años vamos a modificar la Constitución en materia de jornada laboral y va a beneficiar a muchos trabajadores de México en su salud y convivencia familiar”, subraya.
Sobre el segundo día de descanso que no fue incluido explícitamente en el proyecto, una de las polémicas generadas en torno a la reforma, la diputada Maiella Gómez puntualiza que al tratarse de una disminución de horas de trabajo por semana, no había justificación para modificar los días de descanso. Además, esta medida podía generar efectos adversos.
“La Ley es muy clara, dice que cuando menos un día de descanso debe tener un trabajador. Y hay que precisarlo porque hay empresas para las que no es necesario poner un límite porque ya trabajan cinco días y descansan dos, pero hay otras industrias a las que, si planteábamos la propuesta como otros mencionan, lo único que haríamos es que cerraran las cortinas”, precisa.
En ese sentido, Gómez Maldonado destaca que la flexibilidad es uno de los ejes de la propuesta. “Nos ayuda mucho a que el trabajador se ponga de acuerdo con el empleador, siempre y cuando esté en el límite de lo que marca la Ley. Esta iniciativa es producto del consenso, en esta propuesta se cuidan los derechos de los trabajadores, pero también se escuchó a los empleadores”, apunta.
La reforma constitucional es una de las dos modificaciones a ordenamientos legales que se necesitan para materializar la reducción de la jornada laboral.
Una vez que los cambios a la Carta Magna sean avalados en la Cámara de Diputados, necesitarán de la aprobación de 17 congresos locales para que la reforma pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Luego de la entrada en vigor de los cambios constitucionales, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días para ajustar la Ley Federal del Trabajo (LFT).


