Baja de cargas, menos juicios y más empleo formal: las claves de la nueva reforma laboral

El Gobierno presenta la reforma de modernización laboral como un punto de inflexión en el sistema productivo argentino. En la Casa Rosada sostienen que no se trata de un ajuste marginal, sino de un rediseño profundo de los incentivos que —durante décadas—, aseguran, encarecieron el empleo formal, multiplicaron la litigiosidad y empujaron a miles de empresas hacia la informalidad o la contratación precaria.

En línea con la lógica del presidente Javier Milei, la iniciativa se inscribe dentro del programa de reformas promercado orientadas a desmontar lo que define como “40 años de decadencia” y avanzar hacia un esquema donde “la libertad económica sea la regla y no la excepción”.

El proyecto combina reducción de cargas patronales, cambios en el régimen de huelga, límites a la litigiosidad y un esquema de incentivo a la formalización. Para el equipo económico, se trata de una de las reformas centrales de esta etapa y complementa el ancla del programa: equilibrio fiscal permanente, “déficit cero” y eliminación de la emisión monetaria como financiamiento del gasto. “Sin estabilidad macro no hay mercado laboral que funcione”, repiten en Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, la definió como parte de las reformas que “van a ser de mucho impacto” y que apuntan a “formalizar fuertemente” la economía. En El Encuentro de Líderes organizado por El Cronista, sostuvo que el objetivo es consolidar un régimen laboral “más ágil y dinámico”, terminar con la “industria del juicio” y generar condiciones para que el sector privado vuelva a crear empleo formal.

Milei lo encuadra dentro de la necesidad de bajar el “costo argentino”, concepto con el que describe la combinación de presión tributaria, regulaciones, burocracia y litigiosidad que —según su visión— distorsiona los precios relativos e impide que la oferta y la demanda operen libremente.

Los datos

En la Casa Rosada insisten en que el diagnóstico debe partir de los números. “Primero los datos, después la interpretación”, repiten, una frase que Milei suele utilizar en sus exposiciones técnicas. Según cifras oficiales, en los últimos dos años se incorporaron cerca de 400.000 trabajadores independientes bajo el régimen de monotributo.

De ese total, casi 93.000 corresponden al sector industrial. Más de 116.000 al rubro Turismo (hoteles y restaurantes).

El oficialismo subraya el dato con énfasis: industria y turismo —dos sectores históricamente asociados al empleo asalariado formal— muestran un crecimiento significativo de trabajadores independientes. Para el Gobierno, estas cifras reflejan que el esquema laboral vigente empuja a la informalidad o a modalidades contractuales alternativas ante el alto costo del empleo registrado tradicional.

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En términos del Presidente, sería una consecuencia de “incentivos perversos” que desalientan la formalidad y castigan la creación de empleo.

Baja de aportes en nuevos empleos

Uno de los ejes centrales del proyecto es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

De acuerdo con estimaciones técnicas difundidas en el debate público, las contribuciones patronales para nuevos empleados bajarían del 27% actual al 15% del salario bruto durante 48 meses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La llamada “cuña laboral” —que surge de sumar aportes personales y contribuciones patronales— pasaría del 44% al 32% del salario bruto. Es decir, una reducción de 12 puntos porcentuales. El cálculo fue realizado por Nadim Argañaraz, un especialista fiscal prestigioso.

Caputo lo planteó en términos políticos:“Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro”.

Según el ministro, la reforma laboral y la tributaria forman parte de una estrategia integral para seguir bajando el “costo argentino”, consolidar la estabilidad macroeconómica y generar un entorno más competitivo.

Milei lo vincula con su idea de “shock de libertad”: menos impuestos, menos regulaciones y más espacio para la iniciativa privada, bajo la premisa de que “el crecimiento viene del sector privado, no del Estado”.

Litigiosidad y límites a los bloqueos

La reforma también introduce cambios en materia de conflictividad laboral.

El Gobierno sostiene que el derecho a huelga se mantiene, pero se precisan servicios esenciales y se establecen niveles mínimos de funcionamiento —del 50% en actividades no esenciales— para evitar paralizaciones totales de plantas.

En la narrativa oficial, esto busca impedir bloqueos completos que afectaron a empresas industriales en los últimos años. Milei ha sido particularmente crítico de esos episodios, a los que suele describir como “mecanismos de extorsión” que afectan la propiedad privada y la libertad de empresa.

Además, el proyecto contempla la creación del Fondo de Alivio Laboral (FAL), estimado en u$s 1.500 millones anuales, destinado a ordenar el stock de juicios laborales acumulados y establecer criterios más previsibles en el cálculo de intereses.

Para el Ejecutivo, se trata de terminar con un sistema que, según su diagnóstico, fomentó la litigiosidad como mecanismo de presión económica. En términos presidenciales, la meta es “terminar con la industria del juicio” y reducir la incertidumbre jurídica que —según sostienen— desalienta la inversión.

La disputa con el sindicalismo

El oficialismo enmarca la reforma en una crítica estructural al modelo sindical argentino. Cita un estudio de Zentrix según el cual el 63,9% de la población tiene imagen negativa de los sindicatos y sostiene que existe un desacople entre representación gremial y trabajadores.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno rechazó versiones sobre una supuesta pérdida de derechos y enumeró aclaraciones:

• No se reducen vacaciones.
• No se elimina el aguinaldo.
• No se suprime la indemnización por despido.
• No se modifican las jornadas legales.
• No se eliminan convenios colectivos.
• El pago en dólares es opcional.
• El banco de horas es voluntario.

“La modernización laboral no elimina derechos. Actualiza un marco legal de más de 50 años”, sostienen.

Cambio de modelo

Para el Ejecutivo, el crecimiento del monotributo en sectores como industria y turismo es una señal de distorsión estructural: empresas que, frente al costo y riesgo del empleo formal tradicional, optan por esquemas alternativos.

La apuesta oficial es que una menor carga patronal, reglas más previsibles y menor litigiosidad reviertan ese fenómeno y reactiven el empleo privado registrado.

En el Gobierno interpretan que la reforma no es solo técnica sino cultural: una redefinición del equilibrio entre empresa, trabajador y sindicatos en una etapa que —según el relato oficial— busca dejar atrás décadas de estancamiento productivo.

La discusión, sin embargo, excede lo económico. Se trata de un debate de fondo sobre el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina en los próximos años.