Esta semana el calendario oficial había anunciado que comenzarían ocho provincias las clases. Además de la menor cantidad de alumnos que marca el panorama de los próximos años ante la baja en la natalidad y la pérdida de autoridad que sufrió la escuela, el inicio del ciclo lectivo de varias provincias aparece atravesado por negociaciones salariales.

La primera en inaugurar el ciclo lectivo 2026 fue Santiago del Estero, donde las clases empezaron el 18 de febrero. San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para este lunes 23 de febrero, mientras que al día siguiente comienza Tierra del Fuego. El cronograma lo completan Neuquén, Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que estipularon el miércoles 25.

Las 15 restantes comezarían el 2 de marzo: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja. Mientras que algunas continuan en negociaciones, en otras ya anunciaron paros docentes para el comienzo del ciclo lectivo.

Ayer, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro nacional docente para el 2 de marzo en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y los fondos nacionales para educación. Rechazan además la Ley de Libertad Educativa que presentó el Gobierno y piden una nueva norma de financiamiento.

Los sindicatos educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

Hoy enseñan en el país más de 1.200.000 docentes. No se sabe el número exacto ya que no hay un relevamiento sistemático y público de la planta docente en ejercicio, apenas un censo que se realiza cada 10 años. Ese millón de personas hoy cobran el menor salario docente de los últimos 20 años, de acuerdo con una radiografía docente elaborada el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). El valor real es inferior al de 2005, año en que se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que buscaba, entre otras cosas, su recomposición.

El gobierno de Javier Milei sumó a esta problemática histórica la eliminación del Fonid, que representaba entre el 8% y el 15% del salario docente y con el presupuesto de este año, la derogación del artículo que exige que el gasto educativo sea como mínimo del 6% del PBI. Desde su creación en 2005, de todos modos, esta meta solo se cumplió en 2015.

Vale destacar el caso de Neuquén que, a diferencia de otros años, esta vez debería tener un comienzo de clases sin contratiempos, luego de un acuerdo entre el gobierno de Rolando Figueroa y el gremio del sector, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

Desafío a Kicillof

Sería este el primero de los seis años de gobierno de Axel Kicillof en que un paro masivo demoraría el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, enfrentándolo con los gremios docentes. Hasta el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), el gremio que conduce Roberto Baradel, anunció que se sumaría a la medida de fuerza.

“El deterioro es prácticamente generalizado tanto para docentes de educación obligatoria como profesores universitarios. En este contexto es comprensible el reclamo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Pero la gravedad del problema educativo no se resuelve únicamente con aumentos. De hecho, cuando en el pasado existieron no mejoró la calidad educativa, porque no derraman automáticamente en mejor calidad. El factor docente y también el liderazgo directivo son clave para la mejora, pero hay que garantizar una excelente formación y una carrera profesional donde se aliente la formación y especialización continua, la innovación y se diferencien los buenos y malos desempeños. Eso implica una política docente integral”, dijo a LA NACION Claudio Romero, doctora en Educación y Profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Consideró que es uno de los desafíos urgentes de la agenda educativa 2026 y enumeró otros: "Revertir los malos resultados de los estudiantes en matemática y lengua lo que implica revisiones metodológicas; desarrollar acciones que mejoren la dimensión socioemocional y el clima en las instituciones; atender seriamente el impacto de las tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) y diseñar una inclusión inteligente. Y un tema fundamental también es planificar la transición demográfica: puede ser una oportunidad para utilizar el financiamiento existente para mejorar las condiciones educativas (extender la jornada escolar, enseñanza más personalizada, etc) o una razón para seguir reduciendo recursos”.

En territorio bonaerense, este año debutará la prohibición del uso de celulares en las escuelas primarias, que aprobó la Legislatura en septiembre pasado. En busca de mejorar la atención y concentración, solo podrán utilizarlos si los requiere una actividad peagógica. En la Ciudad de Buenos Aires, la restricción rige desde agosto 2024 y según informaron la medida modificó la vida escolar cotidiana: siete de cada 10 alumnos de primaria y seis de cada 10 de secundaria afirman que ahora prestan más atención, aprenden mejor y charlan más con sus compañeros en los recreos.

Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sumará este año 90 escuelas al programa Secundaria Aprende. Y se esperan cierre de grados o al menos una reorganización en las escuelas públicas ante la caída de la matrícula por la baja en la natalidad.

Según pudo confirmar LA NACION, de un grupo de seis establecimientos que fueron alertados en julio último por falta de alumnos, por lo menos a uno, la Escuela Primaria Nº 1 del Distrito Escolar 15 ya le confirmaron que deberán cerrar un grado. Se trata de primer grado, lo cual marca el inicio del proceso que se extenderá en unos años a toda la primaria.

Desde el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, suelen hablar de administración de la matrícula existente y marcan que no implica cierre de escuelas.

Durante una presentación en diciembre pasado, fuentes ministeriales habían respondido que aún no contaban con el análisis finalizado de las vacantes para confirmar los cambios en las escuelas. A menos de una semana del inicio de clases, contestan eso mismo ante la consulta de LA NACION.

Especificaron que, pese a que el mínimo de alumnos debería ser 15, para esta reorganización iban a optar por 10. Explicaron que estaban analizando varias estrategias para enfrentar la reestructuración de las clases ante la baja matrícula, no solo el cierre de secciones donde no se alcanza el mínimo operativo, sino también considerar parejas pedagógicas de docentes, fusionar grados y transformar clases de jardín en lactarios.

Un informe del gobierno porteño advirtió que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado disminuyó un 25% respecto de 2020. Para 2028, en apenas dos años lectivos, se prevé que esa merma alcanzará a todo el nivel primario.

El año pasado, según datos relevados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), cerraron al menos 15 instituciones de gestión privada en todo el país.

La matrícula del nivel primario en el país experimentará, según proyecciones de Argentinos por la Educación, una caída del 27% para 2030: habría 1,2 millones de estudiantes menos.

Hoy hay, en promedio, 16 alumnos por docente en primaria. Si se mantienen las tendencias, esa relación podría bajar a 12 hacia 2030, con impactos distintos según la provincia.

Calendario

Pese a que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones se comprometieron, siete provincias no garantizan el mínimo requerido en primaria y apenas tres –Santiago del Estero, San Luis y Mendoza– planificaron un calendario escolar que alcanza la meta de 190 días de clase. El resto de las jurisdicciones superan los 180 días de clase, a excepción de Catamarca, donde solo habrá 178.

Según un informe de Argentinos por la Educación más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de 760 clase en primaria. Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut son las provincias en las que, según su planificación, no alcanzarán el mínimo pactado.

El documento releva los días y horas de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores. Por lo que el tiempo escolar efectivo, a fin de año podría ser aún peor.

“La inmensa mayoría de los responsables del área educativa no cumplen con el acuerdo federal que vienen votando. En la Argentina no cumplir con los acuerdos educativos, como en tantos otros temas trascendentales, no tiene consecuencias para los funcionarios de turno. Ni siquiera el contralor nacional se ocupa de su acatamiento, en especial cuando se sabe que los calendarios firmados y publicados distan en mucho de su concreción durante el año”, afirma Gustavo Zorzoli, coautor del informe y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin datos oficiales

En la Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días y horas efectivos de clase. No hay un sistema de información nominal que permita hacer un seguimiento ni tampoco existe información pública sobre presentismo de estudiantes, docentes, paros o cierres por problemas climáticos o edilicios.

Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación, del que depende la Secretaria de Educación, señalaron en varias ocasiones que están trabajando para contar con información más precisa sobre el presentismo y las jornadas reales. Buscan no medir días sino las horas efectivamente dictadas.

Es uno de los puntos que aborda la Ley de Libertad Educativa oficialista presentada con el informe final del Consejo de Mayo. Allí imponen un mínimo de 540 horas anuales para la educación inicial y de 720 para los niveles primario y secundario.

Evaluaciones

Este año se deberían realizar las pruebas Aprender que evalúan los aprendizajes de lengua y matemática de manera censal en el nivel secundario. Además, se deberían tomar nuevamente las pruebas Aprender Alfabetización, que volvió a implementar la administración libertaria en este nivel educativo, para darle seguimiento a la edición 2024. Según esos resultados, apenas el 45% de los alumnos argentinos de tercer grado alcanza la habilidad lectora esperable para ese nivel y uno de cada 10 chicos no sabe leer.

“La definición del operativo nacional de evaluación 2026 se debe acordar con las jurisdicciones en el ámbito del Consejo Federal de Educación (CFE). El calendario de aplicación se presentará públicamente entre marzo y abril tras ser votado en CFE”, contestaron desde la Secretaria de Educación que encabeza Carlos Torrendell ante la consulta de LA NACION.

Sí confirmaron, en cambio, que los resultados de las Aprender 2025, que evaluó a los alumnos de sexto grado de primaria en lengua y matemática, se darán a conocer en junio próximo. Para septiembre de este año, además, deberían conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025. Es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (por sus siglas en inglés), que cuenta con el patrocinio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Evalúa lectura, matemática y en cada edición pone el foco en alguna otra área; en 2025 fue ciencias.