¿Fin del control en Aduana? Las claves del giro en el canal rojo para importaciones y la “zona gris”

Con mayor o menor nivel de control, en el comercio internacional existe una máxima: alguien tiene que vigilar lo que ingresa a cada país, sin embargo, la forma define el modelo económico y, el Gobierno de Javier Milei ha dado un giro de 180 grados.

Durante años, Argentina optó por la lógica del control aduanero, un sistema donde la mercadería es “culpable” hasta que se demuestre lo contrario.

Bajo este modelo, un producto podía quedar retenido meses esperando un sello de seguridad eléctrica o una certificación textil, elevando los costos de logística y, por decantación, el precio que paga el ciudadano.

Desde el inicio de la gestión de Milei, el equipo económico que dirige Luis Caputo, con Pablo Lavigne como máximo exponente de la desregulación del comercio exterior, dio un vuelco hacia el control “ex-post”.

El choque de dos mundos

Desde la lógica actual, se reconoce que el control aduanero tiene una función técnica clara: verificar el tráfico lícito, combatir el contrabando y recaudar tributos. Pero se cuestiona que, en la práctica, se lo utilizó como un filtro de política comercial.

La Aduana terminó haciendo el trabajo de la Secretaría de Comercio, exigiendo reglamentos técnicos que funcionaban, en los hechos, como barreras paraarancelarias, explican.

Frente a esto se erige la lógica actual de control en mercado, en línea con estándares de los países desarrollados.

Aquí, la premisa es la libertad: el importador declara bajo juramento que su producto cumple con las normas y lo ingresa rápidamente.

El Estado, en lugar de frenar el flujo en la frontera, despliega sus recursos para inspeccionar el producto una vez que ya está a la venta. Si el producto falla o miente en su etiqueta, las sanciones son ejemplares.

El rol de las multas

En este sentido, las multas que sirven como “ejemplificadoras” son una pata central y es donde, incluso los propios funcionarios de Economía, tuvieron que batallar internamente.

Es que, el Gobierno liberal se jacta de “no comunicar multas”; sin embargo, frente a irregularidades con importación en bienes de consumo, la vocería oficial tuvo que ceder.

Una de las sanciones que “hizo mella” en el ecosistema importador fue la que recibió la empresa HL Catamarca S.A. por $150 millones por diferencias en el esquema de eficiencia energética de heladeras y retirar los productos del mercado.

El impacto de la desregulación reciente

Las medidas tomadas entre 2024 y 2026 han marcado un quiebre. Al eliminar las licencias no automáticas (SIRA) y derogar decenas de reglamentos técnicos (como los que regían para el acero, los textiles o los juguetes), el Gobierno ha enviado un mensaje claro: la Aduana ya no es el censor de la economía, sin embargo, el “Canal rojo” está habilitado.

Este giro busca atacar dos problemas simultáneos:

1. El costo argentino: El almacenaje en puerto y las demoras administrativas son “impuestos ocultos” que encarecen todo, desde una zapatilla hasta un insumo industrial.
2. La discrecionalidad: Menos trámites en la frontera significan menos espacio para la corrupción y el “favoritismo” en la aprobación de importaciones.

El desafío de la “zona gris”

Sin embargo, esta transición no está exenta de riesgos. El éxito de pasar de un control de frontera a uno de mercado depende exclusivamente de la capacidad de fiscalización posterior.

En este punto analistas alertan que el Gobierno no cuenta con la cantidad de personal para migrar al modelo “ex - post”.

Por eso, si el Estado libera la Aduana pero no fortalece las inspecciones en comercios y depósitos, se corre el riesgo de que el mercado se inunde de productos que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, perjudicando tanto al consumidor como a la industria local que sí cumple las reglas.

“Estamos ante un experimento de confianza”, señalan operadores del comercio exterior y explican que Argentina intenta dejar atrás el modelo de “sospecha total” en la frontera para abrazar uno de responsabilidad posterior.

Puntos críticos

Recientemente el Gobierno formalizó el ‘Protocolo de Vigilancia de Mercado’, en línea con los cambios de regulación que se llevaron a cabo previamente: “es una pieza clave en el rompecabezas de la apertura comercial actual”, explicó Gustavo Fadda, especialista en comercio exterior.

Para que este protocolo no sea solo ‘papel mojado’, quedan tres frentes críticos, según el analista:

Capacidad de inspección: No sirve un protocolo si no hay suficientes inspectores en la calle o laboratorios que certifiquen los reglamentos técnicos con la velocidad que el comercio exige.

Digitalización y Tiempo Real: Falta que el flujo de datos entre la Aduana y la Secretaría de Comercio sea inmediato. La ‘vigilancia’ no es efectiva si la alerta llega cuando el producto ya se vendió y el importador golondrina desapareció.

Costo de cumplimiento para PyMEs: Demostrar el cumplimiento de normas técnicas es costoso y complejo. Hace falta una ‘ventanilla de asistencia’ para que esto sea una herramienta de lealtad comercial y no una nueva carga administrativa que asfixie a las empresas más chicas.

“La libertad comercial requiere, paradójicamente, un control mucho más profesional y tecnológico para evitar que la subfacturación o el incumplimiento normativo destruyan a la industria local", señaló.