A casi dos semanas del anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el envío de fondos, hoy calculados en $2100 millones, y el despliegue del Ejército para asistir a los partidos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones, el balance en el sector es heterogéneo. Mientras algunos productores confirmaron la llegada de recursos y asistencia en territorio, aunque insuficiente para la magnitud del daño; otros aseguran que el apoyo aún no se materializó.

La promesa contemplaba la asignación de fondos para municipios en emergencia hídrica y el envío de equipos viales para recomponer caminos rurales, esenciales para el acceso productivo, sanitario y escolar en la región.

En detalle, en la intendencia de 9 de Julio, gobernado por María José Gentile (PRO–Somos), confirmaron que la ayuda de Nación ya comenzó a llegar con maquinaria enviada y operarios del Ejército, lo que permitió avanzar en accesos prioritarios como La Niña.

En cambio, en la intendencia de Carlos Casares, a cargo de Daniel Ángel Stadnik (Frente de Todos), dijeron que se está presentando la documentación para tramitar un subsidio por 85.000 litros de combustible y que ultiman detalles con Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para que envíe una motoniveladora en los próximos días.

En el distrito bonaerense de Carlos Casares, una de las zonas más afectadas desde comienzos de año, la presidenta de la Sociedad Rural local, Erica Moro, valoró el vínculo inicial con Nación. “La atención fue excelente, muy positiva, nos vimos muy esperanzados, muy agradecidos de que Bullrich accediera a reunirse con nosotros”, describió a LA NACION respecto del encuentro del sábado 8 en 9 de Julio.

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Según detalló, la ministra mantuvo primero una reunión con intendentes y luego un encuentro con productores, además de un espacio breve con referentes rurales de cada ciudad.

A esa instancia le siguió una reunión técnica el lunes siguiente con funcionarios nacionales y provinciales, encabezada por Hardie. Allí, Moro detalló que se presentó “una lista de no más de 13 máquinas para dividir entre los municipios afectados”. La respuesta generó preocupación.

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Los representantes locales pidieron equipos puntuales, pero, según la dirigente, Hardie explicó que la distribución no se iba a hacer de esa manera, sino que eran los propios funcionarios quienes irían a ver el tramo afectado y de acuerdo a eso decidirían [ellos] qué maquinaria les iban a proveer. Para Moro, ese sistema propuesto resulta lento y poco operativo frente a la magnitud de los caminos dañados.

La máquina pelada

El problema no terminó allí. De acuerdo con Moro, las máquinas llegarían sin personal ni recursos: “Vendrían sin logística; es decir sin los operarios, sin los maquinistas, ni viáticos, sin reparaciones ni repuestos, sin nada, la máquina pelada”. Ante ese esquema, varios intendentes señalaron que no podrían absorber esos costos extras.

Como consecuencia, el envío quedó en pausa. Aún cuando la asistencia avance, Moro sostuvo que se trataría solo de “dos o tres máquinas para cada municipio, que es la nada misma” frente al panorama hídrico.

Sin embargo, y lejos de polemizar, Hardie explicó que el Gobierno está tratando de poner todo lo que tiene a su alcance y que los recursos son escasos. “Ofrecemos a los intendentes la maquinaria disponible y los operarios para que las manejen. Lo que pedimos es que al menos se hagan cargo de brindar la logística básica (combustible) y de dar vivienda a la gente. La intendente de 9 de Julio lo aceptó, pero el intendente de Casares me dijo que prefería no tener las máquinas porque no tenía plata para combustible y que destine esos recursos viales a otros distritos también complicados. Esto requiere un esfuerzo enorme de todos los estados, incluso del Ejército. Todos tenemos colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales”.

Comentó que, al margen del envío a 9 de Julio, en General Viamonte ya hay una retroexcavadora trabajando; el martes que viene otra máquina llegará a 25 de Mayo y Bolívar para que trabaje en el camino que va a un colegio salesiano de la zona y que también ya acordaron que la semana arribará a Bragado otra retro.

Respecto del fondo económico anunciado, Moro reveló que la distribución será mucho más amplia de lo previsto: “Va a estar dividido en más de 20 localidades que hoy tienen emergencia”. En ese esquema, Carlos Casares recibiría el equivalente a 85.000 litros de gasoil.

La dirigente remarcó que el distrito enfrenta una emergencia prolongada: “Nosotros venimos de febrero o marzo, remándola. La verdad es que no tenemos más dinero, en serio”. Por eso reclaman una partida adicional que contemple la trayectoria del daño.

Moro enfatizó la urgencia de infraestructura vial para restablecer la producción en zonas que podrían recuperarse en verano: “La importancia de los caminos, infraestructura para poder llegar, eso principalmente”.

El distrito tiene 250.000 hectáreas, de las cuales unas 120.000 están bajo agua. “Hay caminos que son canales, todo de agua, que tampoco hoy lo puede arreglar la Municipalidad”, describió.

La situación contrasta parcialmente con la realidad del partido de 9 de Julio, donde parte de la asistencia ya está operativa, en este caso con la provincia. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural local, aseguró que “hace rato, más de tres meses, que ya hay maquinarias del gobierno provincial” trabajando en accesos y caminos claves.

Sobre el arribo de equipos nacionales, señaló que “llegaron el resto de las máquinas: tres retroexcavadoras, una champion, dos palas del Ejército, con operarios del Ejército”. Sin embargo, otras llegaron sin personal.

Pese a valorar el cumplimiento de las promesas iniciales, advirtió límites estructurales: “Son pocas, siempre van a ser pocas; necesitamos más máquinas, pero no hay”.

Dijo que entonces, las reparaciones se enfocan en accesos urbanos antes que en caminos productivos. “Lo más complicado es que no hay maquinaria para poder empezar a trabajar de forma más directa y con más rapidez sobre los caminos de producción”, explicó Enríquez.

La emergencia hídrica todavía impide trabajos duraderos. “Las reparaciones no son para decir esto va a perdurar en el tiempo”, sostuvo ya que el agua continúa retenida y las lluvias siguen condicionando la estabilidad del terreno.

Pese a los desacuerdos, Enríquez valoró la coordinación institucional: “Estamos todos juntos sentados en una mesa, las gremiales, referentes de productores y los tres estados. Y los pedidos se van cumpliendo, por ahí no con los tiempos que uno plantea, pero se van cumpliendo”.

En este escenario, es el verano el que marcará un punto de inflexión. En ese sentido, en el sector coincidieron en que la eventual mejora climática podría habilitar la recuperación productiva en parte del área anegada, pero solo si la infraestructura vial se restablece a tiempo.