Los grupos enviaron una carta detallada el 20 de noviembre de 2025, calificando el caso como un ataque a los desarrolladores de software y exigiendo acción inmediata sobre las regulaciones de criptomonedas sin esperar al Congreso.
Roman Storm cofundó Tornado Cash, una herramienta que hace privadas las transacciones de criptomonedas. El 6 de agosto de 2025, un jurado lo encontró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Sin embargo, el mismo jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre dos cargos más graves relacionados con lavado de dinero y violación de reglas de sanciones.
La condena conlleva hasta cinco años de prisión. Storm actualmente está libre bajo fianza y programado para sentencia el 18 de diciembre de 2025. Sus abogados están luchando contra la condena y pidiendo que se retiren todos los cargos.
Los fiscales dicen que Storm ayudó a criminales, incluidos hackers norcoreanos, a mover más de $1 mil millones en dinero robado a través de Tornado Cash. El equipo de defensa de Storm argumenta que él simplemente escribió código informático y no tenía control sobre cómo la gente lo usaba.
La respuesta de la industria cripto ha sido masiva. La carta fue firmada por 66 organizaciones incluyendo grandes compañías como Coinbase, Block, Paradigm, Multicoin Capital, y fundaciones como la Fundación Solana, Asociación Blockchain, Fondo de Educación DeFi, y Fundación Uniswap. Esto representa uno de los mayores esfuerzos coordinados por la industria cripto desde que Trump regresó al cargo.
Fuente: @SolanaInstitute
La coalición específicamente pide a Trump que "inste al Departamento de Justicia a desestimar todos los cargos abiertos contra Roman Storm y exprese apoyo a los esfuerzos de Storm para anular su condena bajo 18 U.S.C. 1960 en apelación." Argumentan que "el trabajo de Storm en Tornado Cash representa la publicación de software de código abierto – no un crimen financiero."
Los grupos dicen que abandonar el caso demostraría que "el código es expresión bajo la Primera Enmienda" y probaría que América protegerá la innovación.
La carta va mucho más allá del caso de Storm, delineando cambios fiscales específicos que los grupos quieren:
Staking y Minado: Los grupos quieren que el Departamento del Tesoro aclare que las recompensas del staking y minado de criptomonedas deben ser tratadas como "propiedad autocreada gravada al momento de disposición." Esto significa que las personas solo pagarían impuestos cuando vendan estas recompensas, no cuando las ganen.
Transacciones Cross-Chain: Quieren que el IRS confirme que mover criptomonedas entre diferentes blockchains mediante puentes entre cadenas, wrapping y actividades similares no debería crear eventos imponibles.
Pequeñas Compras: La coalición pide un umbral de $600 donde las ganancias de criptomonedas usadas para comprar bienes y servicios no serían gravadas, similar a las reglas para moneda extranjera.
Donaciones Caritativas: Quieren que los activos digitales sean tratados como acciones para propósitos de donación, facilitando la donación de criptomonedas a caridad sin requisitos complejos de valoración.
Los grupos quieren protecciones amplias para desarrolladores que crean herramientas de finanzas descentralizadas:
Reglas de Puerto Seguro: Piden a la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) que adopte reglas similares a la propuesta de Puerto Seguro para Tokens de la Comisionada Hester Peirce, que daría a los nuevos proyectos cripto tres años para volverse descentralizados sin registro inmediato de valores.
Claridad No-Custodial: La coalición quiere que FinCEN actualice su guía confirmando que las reglas de la Ley de Secreto Bancario no aplican al software blockchain no-custodial donde los desarrolladores no controlan los fondos de los usuarios.
Protección Interina: Quieren que la SEC proporcione protección temporal para desarrolladores de "protocolos de código disponible y sin permisos" mientras se escriben nuevas reglas.
El caso destaca la confusión dentro del gobierno sobre la regulación de criptomonedas. Matthew Galeotti, un alto funcionario del Departamento de Justicia, dijo en una reciente conferencia cripto que "simplemente escribir código, sin mala intención, no es un crimen."
A pesar de estos comentarios, los fiscales siguen luchando en el caso de Storm. Jay Clayton, el fiscal interino de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, presentó documentos judiciales el 12 de noviembre oponiéndose a la solicitud de Storm de desestimar los cargos.
Esta contradicción preocupa a la industria cripto. Temen que los desarrolladores enfrenten procesos judiciales incluso cuando funcionarios del gobierno dicen que la escritura de código debería estar protegida.
El momento de esta carta es significativo. Trump ha prometido hacer de América la "capital cripto del mundo" y ha tomado varias acciones pro-cripto desde que asumió el cargo. Firmó órdenes ejecutivas creando una reserva nacional de activos digitales y nombró a funcionarios amigables con las criptomonedas en posiciones clave.
La carta hace referencia específica a los logros de Trump en su primer año, incluyendo la anulación de la Regla de Intermediarios del IRS y la aprobación de la Ley GENIUS que regula las stablecoins. Los grupos elogian estos movimientos mientras presionan por más acción.
Sin embargo, el caso Storm representa una prueba del compromiso de Trump con la industria cripto. El caso comenzó bajo la administración anterior pero continúa bajo el Departamento de Justicia de Trump.
Los partidarios de la industria han recaudado más de $5.3 millones para la defensa legal de Storm. La Fundación Ethereum prometió $500,000 adicionales después de su condena. Esto muestra un fuerte apoyo dentro de la comunidad cripto para defender los derechos de los desarrolladores.
La industria cripto advierte que procesar a los desarrolladores dañará la innovación estadounidense. Los datos muestran que la proporción de desarrolladores blockchain basados en América cayó del 25% al 18% entre 2021 y 2025. Los líderes de la industria dicen que las reglas poco claras están llevando el talento al extranjero.
La coalición argumenta que las herramientas de privacidad sirven para propósitos legítimos más allá de la actividad criminal. Señalan que muchas personas necesitan privacidad financiera por razones de seguridad, incluyendo activistas, periodistas e individuos de alto patrimonio.
El caso también afecta a otros desarrolladores. Procesos similares han apuntado a creadores de Samourai Wallet, otra herramienta de privacidad. Algunos desarrolladores están abandonando los Estados Unidos debido a la incertidumbre regulatoria.
La próxima fecha en corte de Storm es el 22 de enero de 2025, cuando los fiscales decidirán si volver a juzgarlo por los cargos en los que el jurado no llegó a acuerdo. Su sentencia está actualmente programada para el 18 de diciembre de 2025.
El caso de Roman Storm representa un momento crítico para el desarrollo de criptomonedas en América. El resultado probablemente determinará si los desarrolladores pueden construir herramientas de privacidad sin temor a ser procesados. Con 66 importantes organizaciones cripto respaldando a Storm y exigiendo cambios regulatorios integrales, el caso pone a prueba si la administración de Trump cumplirá sus promesas pro-cripto con acciones. La respuesta unificada de la industria señala que los derechos de los desarrolladores y la claridad regulatoria se han convertido en temas definitorios para el futuro del sector en los Estados Unidos.


