Pese a la ronda de diálogo, continúa el foco de conflicto por las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas

CÓRDOBA.- Entre las discusiones pendientes entre las provincias y la Nación está el de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, que dejaron de recibir fondos de la Anses desde la asunción de Javier Milei. No se transfirió ni un peso, salvo a Córdoba y Entre Ríos, para las que existe una orden de la Corte Suprema de Justicia. En las conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli no hay avances.

En ese contexto, volvió a surgir la idea de que si los gobernadores no quieren cubrir el financiamiento, podrían pasar las cajas a la órbita nacional. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma previsional está incluida.

A mediados de año, los representantes de las 13 provincias en el Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres) analizaron la situación convencidos de que la reforma previsional no incluirá la cobertura del déficit de las cajas no transferidas. La presunción está en línea con el planteo de Milei de delegar estas materias a las provincias o los municipios. Vinculado con eso está el interés de los mandatarios de automatizar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos, puntos sobre los que tampoco hubo avances con Santilli.

“Si no les parece, que pasen los sistemas a la Nación”, plantearon algunos legisladores libertarios durante la previa a la discusión del presupuesto. Si esa posibilidad se reabriera sería una solución a las finanzas de las provincias que aceptaran, pero también abriría conflictos importantes con los trabajadores estatales.

El argumento de Nación para no pagar es que la Anses debe terminar las auditorías para conciliar las cuentas, pero los meses de deuda se acumulan y también las urgencias financieras de las provincias. El proyecto de presupuesto 2026 incluye una partida de $122.000 millones para cumplir con la obligación legal de cubrir el rojo que tendrían esos sistemas si estuvieran en manos de la Nación. En realidad, lo que se plantea es que se girarán “anticipos” condicionados a que se cumplan determinados objetivos.

La cifra es más que exigua: un convenio firmado hace unas semanas con el entrerriano Rogelio Frigerio establece que a esa caja, entre este mes y octubre del 2026, se le pagarán $48.000 millones a cuenta de la cifra que terminen estableciendo las auditorías.

Un trabajo del Ieral que dirige Osvado Giordano −quien estuvo frente a la Anses unos dos meses− establece que la cifra presupuestada cubriría sólo el 4% de lo que debería transferirse si se consideraran montos definidos según los déficits de años previos, que según la ley deben actualizarse con la misma fórmula de las jubilaciones. Si se cumpliera esa disposición se requerirían $2,2 billones, no $122.000 millones.

Cuando era funcionario, Giordano sugirió usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para cancelar las deudas. La propuesta no prosperó y la deuda siguió acrecentándose.

Las cajas no transferidas, además de las de Córdoba y Entre Ríos, son las de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde fines de 1993, esos gobernadores hacen uso de la facultad constitucional de tener regímenes propios para los estatales provinciales. En ese año, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, habilitó el pase de los sistemas a la Nación cuando creó el sistema de las AFJPs. El período de transferencias se cerró en 1996.

A finales de 1999, un nuevo pacto fiscal fijó que Nación haría un “financiamiento gradual” del rojo de las cajas no transferidas siempre que el sistema se “armonizara” con el nacional. La mayoría de las provincias no avanzó con reformas previsionales, pero siguieron recibiendo los fondos hasta que con Cristina Kirchner empezaron a usarse como forma de premios o castigos con los gobernadores.

En la gestión de Mauricio Macri se acordó que la Anses financiaría solo el monto equivalente al déficit que tendrían si el sistema hubiera pasado a manos nacionales. Es la regla que rige hoy. En el presupuesto 2023 −extendido dos veces por la administración libertaria− se incorporó la fórmula de actualización por movilidad jubilatoria que nunca se cumplió. Desde diciembre del 2023, Milei cortó los giros.

En la Corte Suprema de Justicia, solo Frigerio y Martín Llaryora lograron giros a cuenta por parte de Nación. El pampeano Sergio Ziliotto tuvo audiencia hace diez días y la Anses insistió en que debe terminar las auditorías; este año, La Pampa destinó $145.000 millones a su caja de jubilaciones. El santafesino Maximiliano Pullaro y el correntino Gustavo Valdés también llegaron al máximo tribunal con la demanda.

En Córdoba todos los gremios provinciales marcharon en reclamo de la ley de emergencia previsional vigente, que implica un aumento de cuatro puntos de los aportes de los estatales, para financiar el déficit de las cajas de jubilaciones. Los manifestantes advirtieron que la Provincia atraviesa un estrangulamiento financiero derivado de la deuda que mantiene el gobierno nacional. Por orden de la Corte, la Anses este año le debe pagar $60.000 millones a cuenta de la deuda y en marzo conciliar las auditorías desde el año 2019 a 2024.