Una familia que reside en Rocky Mount, en Carolina del Norte, tenía la ilusión de mudarse este año a una vivienda fija, pero sus planes no salieron como esperaban. Luego de pagar cerca de 42.000 dólares a una empresa para que realizara reparaciones en la casa, los trabajadores se marcharon y dejaron el inmueble sin condiciones ni permisos para ser habitado. Ahora, deberán abonar más de US$30.000 para trasladarse a su nuevo hogar.
En agosto de 2024, Joel Rodríguez estableció un acuerdo con la empresa RPR Solutions, de Raleigh, para que remodelaran un inmueble que había adquirido, según informó en diálogo con Univision.
El padre de la familia reveló que necesitaban varias reparaciones estructurales relacionadas con electricidad, plomería, sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado y la restauración general.
“El monto total que pagué fue aproximadamente US$42.000, en pagos realizados principalmente en efectivo“, indicó.
A pesar de que solicitó los comprobantes para corroborar que los gastos eran necesarios, los supuestos directores de la compañía nunca se los presentaron. En su lugar, pidieron en repetidas ocasiones dinero adicional para costear los arreglos.
Cuando las tareas estaban casi completadas, según les aseguraban desde la empresa, Rodríguez descubrió que los trámites nunca se llevaron a cabo.
Tanto en la ciudad de Rocky Mount como en el estado de Carolina del Norte, las autoridades exigen permisos para las remodelaciones de las casas. El objetivo es garantizar que los trabajos no incumplan con el código de construcción estatal y la ordenanza local de desarrollo.
En este escenario, las autoridades decidieron clausurar el inmueble debido a la falta de permisos. Al descubrir la situación, el hombre intentó comunicarse con la persona que había contactado para hacer los trabajos, pero desapareció.
Ante la falta de respuesta, decidió presentar una denuncia a la Junta de Contratistas y la ciudad de Rocky Mount. Además, contrató a un abogado para reclamar el reembolso del dinero. La compañía, según el relato de Univision, figura como disuelta en los registros del estado.
“Lo más importante es que otra gente no caiga en las garras de este tipo de personas”, sostuvo Rodríguez.
Tras este episodio, la familia entabló un acuerdo con un nuevo contratista, que le cobrará más de US$30.000 para hacer la mudanza.
El trabajador explicó que la principal preocupación ahora es que la obra se realizó sin supervisión oficial: esto podría implicar riesgos estructurales, eléctricos y de plomería.
Para verificar que las tareas cumplan con las regulaciones, deberán demoler la parte refaccionada, pese a que desde fuera parece estar casi terminada.
La oficina del Fiscal General de Carolina del Norte, Jeff Jackson, ofrece consejos para evitar caer en estafas al remodelar un hogar en el estado:

