El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó deportar a Donna Hughes-Brown, migrante oriunda de Irlanda y residente permanente legal de Missouri. Su esposo, Jim Brown, quien votó por Donald Trump en 2024, dijo después del arresto que lo hizo “porque era un idiota”. Tras pasar casi cinco meses detenida, la mujer regresó en diciembre a su casa en un pequeño pueblo del estado y afirma que está decidida a luchar por las mujeres que conoció bajo custodia.
Desde su casa en Cyrene, al sur de Bowling Green, en Missouri, la mujer le dijo a The Washington Post que piensa de forma constante en sus compañeras de celda.
En su relato, mencionó a Jeimy, una guatemalteca de 25 años casada con un ciudadano estadounidense; a Grace, una venezolana con una afección cardíaca congénita; y a Beata Siemionkowicz, residente permanente desde 1995, detenida por dos delitos menores de hurto en tiendas cometidos hace más de una década. Ahora dijo que estaba decidida a luchar por ellas. “Voy a seguir adelante”, sostuvo, y agregó: “Porque no está bien. No está bien”.
Durante su encierro en el Centro de Detención del Condado de Campbell, en Kentucky, compartió espacio con decenas de mujeres y pasó dos períodos en aislamiento, donde solo tenía acceso a la Biblia y salía una hora cada dos días. La mujer reconoció que su caso no fue excepcional, sino parte de una política más amplia. “La intención era que esto le sucediera a mucha gente”, afirmó. “No importa cómo se llegó ahí, el resultado final es el mismo”, añadió.
Hughes-Brown pasó 143 días detenida después de que agentes federales la retiraran de un vuelo que llegaba al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago en julio, tras un viaje a Irlanda por el fallecimiento de una tía.
Un juez de inmigración rechazó inicialmente su solicitud de libertad bajo fianza. Sin embargo, el 18 de diciembre, tras una audiencia en la que sus familiares describieron el impacto devastador que tendría su deportación, concedió su solicitud de cancelar el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se negó a apelar la decisión.
La semana pasada, el consulado irlandés intervino para que le devolvieran su pasaporte y su tarjeta de residencia. “Ni siquiera me acerco a la frontera”, señaló.
Hughes-Brown, de 59 años, emigró cuando era niña desde Irlanda en 1978 junto con sus padres y reside en Estados Unidos desde entonces. Es titular de una green card y nunca había enfrentado un proceso migratorio similar.
El gobierno citó dos condenas por emitir cheques sin fondos. Uno de los casos corresponde a 2015 e involucró un cheque por US$25 a nombre de Krazy Korner, una gasolinera y tienda de conveniencia. El otro caso data de 2012 y, de acuerdo con un funcionario del condado de Missouri, fue desestimado o anulado.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo por correo electrónico a The Washington Post que una condena por emitir cheques sin fondos “no convierte a una persona en residente permanente legal de buena reputación”.
El costo promedio diario de detención en ICE es de US$187, según las últimas estimaciones del DHS. Por lo tanto, el encierro de Hughes-Brown implicó un gasto aproximado de US$27.000.
Jim Brown, esposo de Donna, es veterano de combate y tecnólogo en tomografía computarizada. En 2024, votó por Donald Trump. Tras la detención de su esposa en julio, escribió a los miembros de la delegación del Congreso de Missouri. Luego recibió apoyo del representante demócrata Seth Magaziner, de Rhode Island, quien lo llevó a Washington para participar en un panel sobre la ofensiva migratoria de la administración, según informó The Washington Post.
Fue en ese panel que le preguntaron por qué había apoyado al presidente republicano. El hombre respondió: “Porque actuó como un idiota”. En ese mismo contexto afirmó que su familia “ha sufrido el infierno por ambos lados”, en referencia a críticas tanto de sectores conservadores como progresistas.
Ya de regreso en Missouri, Hughes-Brown percibió cierta incomodidad con algunos amigos. Según ella, señalan que lamentan lo que le ocurrió, pero aún respaldan las iniciativas del gobierno. “Es su derecho”, sostuvo la mujer, quien aclaró que no quiere romper vínculos por diferencias políticas.
Sin embargo, afirmó que sí quiere hablar con ellos sobre lo que vivió bajo custodia. En tanto, recordó que en sus momentos más oscuros se sintió impotente, “etiquetada como criminal, encerrada” y sin saber si algún día volvería a su vida en Missouri.


